Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec
Inicio este comentario reconociendo el loable esfuerzo de la Comisión de la Asamblea, que ha logrado transformar el frankenstein jurídico enviado por el gobierno en un texto legal ordenado y coherente. En la parte general se han incorporado varios principios elaborados por la doctrina penal en las últimas décadas; y en la parte especial se han clasificado y ordenado los delitos, lógicamente, en conformidad con el bien jurídico lesionado por la conducta.
Confieso, en todo caso, que sigo sin ver la necesidad de unificar la legislación sustantiva penal, la procesal y la ejecutiva, aunque al menos se ha procurado en los artículos iniciales sustentar teóricamente la unificación.
Hay que anotar además que subsiste en el proyecto la ilusa tendencia represiva de moda que, al establecer penas excesivamente duras, olvida el principio constitucional de proporcionalidad. Mientras que, por otra parte, se rinde tributo a algunas de las novelerías introducidas por la Constitución. En fin, parecería que, en las circunstancias políticas en que se desenvuelve la Asamblea, tal cosa resultaba inevitable.
Es cierto también, que en un análisis más puntual del proyecto, se pueden detectar algunas disposiciones inaceptables y otras, al menos, discutibles. Señalo entre otras las siguientes: la no determinación de legitimidad de la orden de autoridad como causa de justificación; la rígida penalización de la tentativa; el tratamiento incompleto de los delitos de omisión; la imprecisión en la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas; la ambigua tipificación de los delitos de femicidio y esclavitud; la no tipificación de las lesiones; la elevación a 18 años de la edad en que el consentimiento es irrelevante para la existencia de violación, y en consecuencia la desaparición del estupro; la insólita compensación de injurias calumniosas, etc., etc. Ojalá la Comisión tome en cuenta estas observaciones.
Pero lo más grave es lo que puede ocurrir cuando el proyecto aprobado por la Asamblea pase a conocimiento del presidente de la República. Ya ha manifestado públicamente que no le gustan algunos de los cambios introducidos por la Comisión, por lo cual es de suponer que con el veto reaparecerían algunas de sus propuestas iniciales. Las peores, por supuesto. Entre ellas la imputabilidad de los menores de edad y la acumulación ilimitada de penas, y en tal caso con el beneplácito de la extrema derecha. Y seguramente se restablecerán todas las formas de desacato y de injurias, que se consideran herramientas apropiadas para el manejo del poder político.
Ante tal panorama, la mejor alternativa, quizás la única, es que la Asamblea no apruebe el proyecto. Sí, ya sabemos que el Código Penal vigente es obsoleto, que ha sido reformado tantas veces que se ha vuelto irreconocible, que no responde a las circunstancias actuales de la sociedad; pero el riesgo que corre el país con la aprobación es más grave todavía. Ya lo he sostenido varias veces: este no es el momento apropiado para expedir una legislación de semejante importancia.
Autor: Ernesto Albán - ealban@hoy.com.ec Ciudad Quito
