La ministra de justicia estuvo presente en la entrega del informe
Los veedores pidieron cambiar la ley que utiliza la figura de sabotaje para juzgar a los dirigentes ind铆genas y a los 10 j贸venes de Luluncoto enjuiciados por terrorismo
El informe preliminar entregado por los veedores internacionales de la reforma de justicia fue acogido solo a medias por las autoridades judiciales de Ecuador.
El exjuez espa帽ol Baltasar Garz贸n, la chilena Marigen Hornkohl y el argentino V铆ctor Foresi entregaron sus conlcuiones preliminares en una rueda de prensa a la que asisti贸 la ministra de Justicia Johana Pes谩ntez.
Los veedores hicieron una fuerte cr铆tica respecto al delito de sabotaje, y pidieron a las autoridades ecuatorianas adecuar esa figura a la realidad del pa铆s, respetando el principio de proporcionalidad de las penas y la aplicaci贸n de medidas alternativas a la prisi贸n preventiva.
En mayo pasado, la organizaci贸n de derechos humanos Amnist铆a Internacional denunci贸 el uso del sistema judicial ecuatoriano aparentemente para acallar cr铆ticas al Gobierno mediante el empleo de lo que llam贸 cargos falsos de terrorismo y sabotaje contra ind铆genas.
El pasado jueves, Garz贸n mencion贸 que esa ley tambi茅n se ha aplicado en el caso de diez chicos presos por sabotaje y terrorismo, en referencia a j贸venes militantes o simpatizantes del Movimiento Popular Democr谩tico (MPD) que est谩n en prisi贸n preventiva desde marzo.
De ah铆 que el jurista espa帽ol recomend贸 cambiar la ley que tipifica el delito de sabotaje.
La respuesta de la ministra de Justicia fue que esa norma data de 1938 y que el proyecto de ley del nuevo c贸digo penal, que se discute en la Asamblea, modifica la legislaci贸n al respecto.
Ese proyecto entregado por el Gobierno a la Asamblea en cotubre de 2011 ha sido ampliamente criticado por la ambiguedad de algunos art铆culos y porque mantiene la penalizaci贸n para la opini贸n, el llamado sabotaje y el terrorismo, con otras palabras.
“En el discurso oficial del Ejecutivo, el C贸digo Penal parecer铆a ser un asunto de adolescentes, periodistas y luchadores sociales. Por eso es fundamental revisar de forma cuidadosa los tipos penales de terrorismo y sabotaje, pues su redacci贸n puede convertirlos en mecanismos de persecuci贸n”, dec铆a un informe presentado por la asamble铆sta Mar铆a Paula Romo.
Romo se refer铆a a que en el proyecto del Ejecutivo se incorporaba como delito la asonada para castigar con prisi贸n a “quienes de forma tumultuaria exigieran violentamente de la autoridad la ejecuci贸n u omisi贸n de alg煤n acto propio de sus funciones”.
El informe de Garz贸n tambi茅n aconsej贸 separar a los j贸venes de entre 18 y 22 a帽os del resto de los internos de las c谩rceles, como se hace en pa铆ses como Espa帽a, porque, a su juicio, no son personas adultas totalmente formadas y es m谩s probable su rehabilitaci贸n si no tienen contacto con delincuentes reincidentes.
Pes谩ntez, ante ese consejo, afirm贸 que esa recomendaci贸n era f谩cilmente viable con la separaci贸n en distintos pabellones.
Esas fueron algunas de las 38 recomendaciones incluidas en el informe preliminar. Entre ellas estaba la de crear una unidad de asuntos internos en la Polic铆a para investigar irregularidades.
Garz贸n tambi茅n critic贸 la imposici贸n de penas arbitrarias y excesivas en casos de tenencia de cantidades escasas de estupefacientes, que es una consecuencia de las leyes en vigencia.
Para elaborar el documento, los expertos internacionales se entrevistaron con representantes de ministerios, la Polic铆a, la academia. Adem谩s visitaron instalaciones judiciales, prisionesy se reunieron con miembros de las Fuerzas Armadas, con quienes trataron el tema de su participaci贸n en patrullas por las calles.
Los veedores recomendaron la no utilizaci贸n de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, y de investigaci贸n, salvo caso de fuerza mayor o situaci贸n extraordinaria, que deber铆an estar marcadas por ley.
El Gobierno ha empleado a soldados para reforzar la seguridad interna desde 2010, ante un aumento de la delincuencia.
El presidente Rafael Correa ha dicho que las FFAA no solo pueden sino que deben apoyar adem谩s la lucha contra el crimen.
Garz贸n, quien como juez investig贸 delitos supuestamente cometidos por militares en las dictaduras de Chile y Argentina, dijo que la Constituci贸n ecuatoriana asigna misiones diferentes a las FFAA y a la Polic铆a.
Los veedores concluyeron que el uso de soldados en seguridad interna no es lo m谩s id贸neo, explic贸 Garz贸n. (EFE)
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