Si se aprueba la nueva Constitución el próximo 28 de septiembre, el servicio notarial cambiará de manos. Pasará de ser controlado por los más de 450 notarios que existen a escala nacional para ser administrado por el Estado a través de la Función Judicial.
Actualmente, el ingreso económico de los notarios se da a través de las tasas (tarifas) que cobran a los usuarios por sus servicios. Esos valores son regulados por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Para el ex asambleísta Fernando Vega, "el traslado de las notarías al servicio público se hizo para crear equidad social y un cierto equilibrio entre los que más ganan y menos ganan".
"Los notarios actualmente no tienen ningún control en sus ganancias, por ello se los trasladará al servicio público. Con ello no podrán ganar más que el presidente de la República, ya que hay notarios de pequeños cantones que ganan más de $10 mil o, en las grandes ciudades, pueden ganar más de $100 mil al mes", dijo Vega.
Propuesta constituyente
En los artículos 199 y 200 del proyecto de nueva Constitución se propone que las remuneraciones de los notarios y del personal que trabaja para ellos serán fijadas por el CNJ.
Además, en el texto constitucional se estipula que los valores recaudados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General del Estado, y se especifica que los notarios permanecerán en sus puestos por un período de seis años y podrán ser reelectos por una sola vez.
Para el abogado Carlos Veintimilla, quien brinda servicio de asesoría notarial, "el cambio beneficiará a la ciudadanía, pues los nuevos aranceles estarán muy por debajo de las actuales tasas que cobran los notarios".
Desaprueban cambios
Según Roberto Salgado, notario tercero del cantón Quito, "los principales afectados por el cambio serán los usuarios, quienes, con el actual sistema, son atendidos de forma ágil y oportuna".
"Si se aprueba el texto constitucional, el Estado deberá crear más de 5 000 partidas presupuestarias para los notarios y sus trabajadores, y probablemente tendrá que duplicar el número de esas dependencias", añadió Salgado.
Gonzalo Román, notario decimosexto de Quito, manifestó que, con la modificación, el Estado tendrá que asumir todas las responsabilidades económicas que con el vigente sistema tienen los notarios. "El régimen solo recibirá los valores por cada trámite realizado, que será un monto menor al invertido, pues ahora ese servicio ya no grabará el 12% al IVA por ser del Estado".
Román comentó que si el pueblo aprueba la nueva Carta Magna, él se retirará de su cargo, pues ya no le convendrá el aspecto económico del negocio. (CAT)
ENTREVISTA A Fernando Arregui - notario
"La nueva Constitución burocratizará el sistema"
Con el cambio, los afectados serán los usuarios
¿quién es? Doctor en Jurisprudencia, líder del Colegio de Notarios de Pichincha
¿Cómo han tomado los notarios la propuesta de de pasar el servicio notarial al Estado?Existe un factor que sí nos preocupa y es la pretendida homologación de salarios a todos los notarios del país.
¿Cómo les afectará eso?Los principales afectados serán los usuarios, pues en la propuesta de nueva Constitución se dice que el Consejo de la Judicatura estandarizará la remuneración de los notarios sin importar la cantidad y calidad de trabajo que realicen.
¿Cuál es la diferencia con el sistema actual?La única diferencia que existiría es la forma de la remuneración. Actualmente está en vigencia el sistema de aranceles que los notarios cobramos por la prestación de nuestros servicios. En cambio, con la modificación, el Consejo de la Judicatura determinará la remuneración de los notarios, en donde las tasas (ya no aranceles) que se cobren a los usuarios de los servicios notariales pasarán al Presupuesto General del Estado.
¿Cuáles serán los primeros problemas que aparecerán en la transición?
El primer problema que la ciudadanía evidenciará será la burocratización del sistema. Es decir, no importará la producción, rendimiento, celeridad, eficiencia y eficacia del notario, pues todos recibirán un sueldo fijo. Además, la responsabilidad que antes estaba a cargo de los notarios, como poseedores de la fe pública, se diluirá.
¿Qué riesgos existirán con el nuevo sistema?
El principal problema es que este proyecto está dentro de la propuesta de nueva Constitución, que, de ser aprobada, entrará en vigencia enseguida. Eso significa que, si la modificación del sistema notarial no funciona, será extremadamente difícil cambiarla. Por ello, nosotros creemos que no debió haber sido incluida en la Constitución, sino ser parte solo de una ley, la cual sí podría ser modificada rápido. (CAT)
Hora GMT: 17/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
