EL Congresillo definió el viernes los nombres de los siete vocales principales y siete vocales suplentes que integrarán el organismo de control ciudadano
La selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha afrontado, desde el inicio del proceso, una serie de problemas y cuestionamientos
Esto a pesar de que la Función de Transparencia y Control Social es una de las mayores apuestas del Gobierno nacional.
El Ejecutivo no ha se ha cansado de promocionar las excelencias del llamado Quinto Poder. Para los miembros del Gabinete este sería la solución a los problemas de corrupción que han afectado durante años a las entidades y funcionarios del Estado y que afirman se derivan del sistema de control implementado por la "partidocracia".
Sin embargo de aquello, los problemas para la Quinta Función del Estado, establecida en la Constitución vigente, empezaron desde sus orígenes.
La elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, encargado de la elaboración de un proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana que establezca la normativa de su organización y funcionamiento para posteriormente presentarla ante la Asamblea Nacional y someterla a su consideración. ha atravesado por una serie de dificultades.
En un inicio, por ejemplo, no existía claridad sobre el ente encargado de llevar adelante el proceso de selección, aunque tras una serie de movimientos políticos, la responsabilidad recayó en la Comisión de Participación Social del congresillo.
Ahora, en cambio, una vez que la selección de los integrantes del Consejo culminó, el proceso sigue sufriendo críticas. (LAG)
Críticas empezaron desde el origen
La asamblea constituyente estableció en varios artículos plazos distintos y no determinó con claridad quién debía ejecutar la selección
El consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a realizar el concurso para conformar el Consejo de Participación, alegando falta de competencia
La conformación del Consejo de Participación Ciudadana afrontó problemas desde el inicio mismo del proceso.
El problema surgió porque la Asamblea Constituyente fijó plazos diversos y asignó a diferentes entidades la responsabilidad de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.
El art. 29 del Régimen de Transición dispone que la Comisión de Legislación y Fiscalización (congresillo) inicie el concurso público. La transitoria 2, en cambio, dispone que el órgano legislativo (no especifica cuál), 30 días después de la vigencia de la Constitución, designe a los miembros del Consejo de Participación con base a un concurso. Por otra parte, el art. 207 dice que el concurso lo llevará adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo con la Ley.
Esto último motivó que en noviembre pasado, el congresillo pretendiera encargar al CNE la realización del proceso de selección del Consejo de Participación transitorio. Esto luego de convocar al concurso público de merecimientos, sin la determinación de requisitos ni reglamento.
Sin embargo, el órgano electoral no aceptó el encargo y la conformación del Consejo quedó, por primera vez, en suspenso después de que el CNE resolviera pedir a la Corte Constitucional (CC) la interpretación de algunas normas sobre la designación del organismo de control ciudadano.
De hecho, durante la sesión en que se resolvió elevar las consultas ante la CC, los integrantes del Consejo Nacional Electoral se pronunciaron sobre su falta de competencia para llevar adelante el proceso. El presidente del CNE, Omar Simon, dijo en ese momento que una actuación del ente electoral podía implicar que el proceso fuera impugnado y nulitado.
En tales circunstancias y tras la decisión de la Corte Constitucional sobre el particular, la responsabilidad del proceso recayó en la Comisión de Participación y Control Social del congresillo.
Pero aquel no fue el único problema que atravesó el proceso. Las especificaciones para la selección también fueron impugnadas.
Entre las críticas que se hicieron está la de que entre aquellos que pasen a formar parte del organismo que establecerá la normas para designar a las nuevas autoridades de control del Estado no estén necesariamente quienes obtuvieron los mejores puntajes en la lista de selección.
Esto debido a las particularidades con que se estableció el procedimiento. Entre ellas, la regla de que el Consejo debería, necesariamente, conformarse de manera alternada con las personas que obtuvieran los primeros lugares en las listas de hombres y de mujeres.
Igualmente, se criticó el hecho de que no se concediera la misma importancia ni calificación a los méritos de los postulantes.
Por ejemplo, hubo aspirantes que se sintieron afectados por el proceso de selección y reclamaron que a la hora de elegir pesaran "méritos" como la sola pertenencia a minorías étnicas.
Sobre las críticas a los diferentes puntajes asignados a los méritos de los postulantes, Betty Tola, presidenta de la Comisión de Participación Social, afirmaba en una entrevista: "el artículo 13 del instructivo definió medidas de acción afirmativa que permitían a las personas que provenían de grupos que han sufrido discrimen histórico en la sociedad, obtener puntos adicionales a los 50 previstos en general para los méritos. Este puntaje adicional podía llegar hasta 12 puntos".
Y recordaba, asimismo, el precepto de la Constitución (artículo 3) vigente de que "el Consejo se integrará en forma paritaria y de forma secuencial entre hombres y mujeres (...)". (LAG)
Las reglas
El consejo está integrado por 14 vocales
El procedimiento de selección de los miembros del Consejo de Participación preconiza la independencia de sus miembros de los partidos políticos.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado por siete miembros principales con sus respectivos suplentes, quienes se encargarán de preparar el proyecto de Ley Orgánica que regule su organización y funcionamiento, que será tramitado, debatido y aprobado por la Asamblea Nacional.
La normativa legal añade que mientras se dicte la ley, el Consejo de Participación Ciudadana reglamentará la conformación de las comisiones ciudadanas de selección (de las autoridades de control del Estado) y dictará las normas de cada concurso, los mismos que serán convocados luego de la posesión de los dignatarios de elección popular, según establece el Art. 29 de la Transición Institucional.
El concurso de oposición y méritos (para la designación de los integrantes del Consejo) será organizado por la Comisión Especializada de Participación Social, con veeduría e impugnación ciudadana. En 26 días entregará al Pleno de la Comisión Legislativa la lista de las 14 personas con las mejores calificaciones para que designe a los siete consejeros principales y siete suplentes. (LAG)
Una prueba deja más dudas de las que aclara
La prueba de conocimientos aplicada a una parte de los aspirantes al Consejo fue uno de los elementos del proceso más cuestionados
El congresillo posesionará el lunes a los 14 consejeras y consejeros que conformarán el Quinto Poder del Estado de manera transitoria
Uno de los aspectos del proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que más críticas generó fue la prueba de conocimientos que se aplicó a 199 de los postulantes.
El test fue tomado el 2 de enero pasado en la Universidad Andina y contenía 60 preguntas, entre las cuales se interrogaba, por ejemplo, sobre el sistema de Gobierno existente en el Ecuador; o cuál había sido el aporte de la revolución liberal, liderada por Eloy Alfaro.
Las respuestas debían ser elegidas entre opciones múltiples.
Muchos de los aspirantes dijeron luego haberse sentido insultados por la elementalidad de los cuestionamientos que se habían hecho a quienes aspiraban a integrar nade menos que el Quinto Poder del Estado.
El ex embajador en Francia, Juan Cueva Jaramillo, por ejemplo afirmó posteriormente que "el cuestionario que presentaron fue un insulto a la inteligencia. Es decir, es apto para alumnos de 12 ó 13 años, pero de ninguna manera es una evaluación suficiente para personas que pretenden ser parte de una función del Estado", añadió el diplomático.
Por su parte, el ex vicepresidente Pedro Aguayo calificó como ridículas las preguntas, en tanto que Enrique Herrería, ex miembro del Tribunal Constitucional (TC), opinó que la intención de utilizar un cuestionario de ese tipo era que se eligiera a gente incompetente y subordinada al Gobierno de Alianza País (AP).
Asimismo, el ministro de Gobierno durante el régimen de Jamil Mahuad, ex diputado y ex candidato a la presidencia de la República, Vladimiro Álvarez Grau, calificó al cuestionario como "una tomadura de pelo".
Del mismo modo, uno de los aspirantes, Juan Centurión, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, afirmó que los interrogantes eran (demasiado) fáciles y de cultura general.
Y añadió su consideración de que un bachiller hubiese podido responder al cuestionario. Así como su idea de que para la elección de los miembros del Consejo de Participación, la Constitución no indicaba que se debieran hacer preguntas (y menos de ese tipo), por lo que consideraba que el proceso es inconstitucional. (LAG)
Etapa de impugnaciones plagada de denuncias
Debido a la existencia de toda una serie de reclamos, el pleno del congresillo, reunido de manera extraordinaria el 11 de enero pasado, resolvió aplazar la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, establecida inicialmente para esa fecha.
Y para "dar claridad" al procedimiento, abrieron la recalificación de las carpetas de 275 de los aspirantes a integrar el Consejo. Posteriormente, se anunció una nueva lista con los nombres de los 24 mejor puntuados, de entre quienes se escogió a los 14 integrantes del organismo, y se abrió un nuevo período de impugnación de candidaturas.
Esta etapa sirvió básicamente para que el número de cuestionamientos al proceso se incrementaran día a día.
Así, por ejemplo, La veedora Jackeline Estupiñán dijo que no avalaba al proceso, porque se detectaron errores en la calificación.
Asimismo, la aspirante Sonia Andrade se acercó a retirar su carpeta para "recuperar su dignidad", pues denunció la falta de claridad en la calificación. Contó que en la prueba obtuvo 42,5 sobre 50, mientras que en ítem méritos le habían asignado cero, cuando la sola presentación de la declaración juramentada significaba dos puntos.
La etapa de impugnación estuvo matizada, asimismo, por la renuncia de dos de los aspirantes a integrar el Consejo incluidos entre los 24 finalistas. Se trató de Pablo Sarzosa y Catalina Carpio, quienes argumentaron como motivo de su dimisión que el concurso público para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació ilegítimo y que vulneraba los derechos de acceso a la información pública y privada.
No obstante, la Comisión de Participación Social continuó con el proceso y el viernes anunció los nombres de los integrantes del Consejo.
De hecho, el congresillo posesionará mañana a los 14 consejeras y consejeras del Quinto Poder del Estado.
Tras más de dos horas de deliberación, en la Comisión de Participación Social del congresillo, el viernes se depuró la lista de los aspirantes a ocupar el CNP.
La Comisión eligió como los consejeros principales, a los siete primeros que encabezaron la lista de 24 postulantes, cuyas carpetas fueron recalificadas, tras el proceso de impugnación.
Julian Guamán Gualli, Mónica Banegas Cedillo, Carlos Vera Quintana, Betsy Salazar Gonzalez, Pablo Cornejo Zambrano, Roxana Silva Chicaiza y Oswaldo Ruiz Falconí, son los siete consejeros principales.
Los suplentes son Catalina Mosquera Aguirre, Gil Eloy Alfaro, Mariela Yambay Aucancela, Edgar Ortega Paucarina, Jaqueline del Rosario Pachacama Chacha, César Cárdenas Ramírez, Viviana Mosquera Castro.
En la selección donde César Cárdenas y David Rosero obtuvieron el mismo puntaje (87,50) fue necesario realizar un sorteo del que resultó favorecido Cárdenas.
El artículo 15 del Reglamento de Elección dice que en caso de empate, la Comisión realizará un sorteo público.
En la Comisión de Participación también se analizó la validez de las pruebas presentadas por seis candidatos que fueron impugnados, y se dejó fuera a Luis Panchi y Nora Encalada. El presidente del congresillo, Fernando Cordero, dijo que no habrá posibilidad que el pleno modifique esta lista. (SC)
