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La comisión de Legislación y Fiscalización se allanó al deseo del Ejecutivo de mantener la integridad del cuerpo legal sobre la actividad minera
Entre las principales preocupaciones de los opositores a la Ley Minera se encuentra la posibilidad de que se permita la minería a cielo abierto
Pese a las presiones ejercidas por grupos ecologistas, de indígenas y campesinos en contra de la Ley Minera, tanto el Gobierno como la Comisión de Legislación y Fiscalización (de mayoría oficialista) mantienen su posición de aprobar sin modificaciones el proyecto legal.
De hecho, a inicios de esta semana, el también llamado congresillo rechazó el pedido de dichos sectores, expresado a través de marchas en Pichincha y Azuay, de archivar el documento.
El martes pasado, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del congresillo, Irina Cabezas (AP), dijo que se pedirá una prórroga para tramitar la Ley de Minería, pero que no se archivará y que tampoco tiene que dividirse la discusión entre minería a gran escala y la pequeña minería y la artesanal.
La opción había sido planteada por Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, en una entrevista en el canal Ecuavisa, en la que resaltó que el país requiere, de forma urgente, una ley que atienda a la pequeña minería, en la que las situaciones social, ambiental y productiva son deplorables.
Acosta había señalado en ese medio televisivo que se debe abrir un debate nacional sobre la minería a gran escala y de cielo abierto, por los impactos ambientales y en la gente. Lamentó que el debate se limite a ciertas provincias y que no se haya discutido, por ejemplo, qué es la minería metálica.
Por ello, propuso aprobar la ley para regular la pequeña minería y la artesanal y en seis meses ir a otra ley, que incluso puede pasar por una consulta.
Previamente, fuentes del Ejecutivo habían dicho que no se modificaría el proyecto y desestimó que se dialogue más al respecto.
Y anticiparon que no habría mediación alguna con los grupos opositores a la ley. Según las fuentes gubernamentales, porque estos grupos no han querido dialogar con el Ejecutivo y pretenden ahora que se cumplan sus exigencias. "La política del Gobierno fue la del diálogo hasta donde sea posible. Lo que sabemos es que los grupos que están liderando las propuestas son grupos que nunca se acercaron a conversar", dijo la fuente. (AIV-LB-LAG)
El temor a las actividades mineras a cielo abierto
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones opuestas a la Ley Minera es la posibilidad de que, a través de ella, se permita la utilización del sistema de minería a cielo abierto.
Este proceso es denunciado en varias partes del mundo como contaminante de las zonas aledañas a su utilización, pero sobre todo se lo acusa de ocasionar el envenenamiento y agotamiento de las fuentes de agua.
De hecho, la minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que son posteriormente procesadas para extraer el mineral. Este material puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del que es removido.
Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia considerada altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar esta operación, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Los denunciantes afirman que para extraer 0,01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo.
Entre los principales impactos ambientales que se atribuyen a la minería se encontrarían los siguientes: afectación de la superficie y del entorno en general, contaminación del aire, afectación de las aguas superficiales y freáticas o subterráneas, afectación de los suelos, impacto sobre la flora y la fauna, cambios en el micro clima e impacto escénico posterior a la explotación.
Estas denuncias son negadas enfáticamente por las empresas mineras que utilizan el sistema, las cuales aseguran, en todos los casos, que sus procesos cumplen con las más estrictas normas de protección ambiental.
Y señalan como ejemplo de ello que todos los desechos generados por la producción son destinados a un enorme basurero, llamado "dique de colas". Las empresas suelen asegurar que todo esto se cumple con absoluta seguridad y responsabilidad ecológica. Esto incluiría el aseguramiento de que no se produzcan filtraciones de esa especie de sopa química que resulta de la separación de los metales del resto de materiales. (LAG)
