En el actual estado de cosas, no hay una instancia que pueda establecer si la decisión fue apegada o no a las normas de la nueva Carta Política, porque eso le correspondería determinar a la propia CC, considerada ilegítima por algunos constitucionalistas
El 20 de octubre pasado, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se habría producido la primera violación constitucional, cuando los vocales del Tribunal Constitucional (TC) decidieron autoproclamarse magistrados de la nueva Corte Constitucional (CC).
El artículo 27 del Régimen de Transición dispone: "Los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral terminarán sus períodos cuando se posesionen los vocales del nuevo Consejo de la Judicatura, los miembros de la Corte Constitucional, los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral y los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral...".
En el artículo 25 del mismo Régimen, se establece la forma de designación: "Una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, se organizará la comisión calificadora que designará las magistradas y los magistrados que integrarán la primera Corte Constitucional. Cada función propondrá al menos nueve candidatos. Las normas y procedimientos del concurso serán dictados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social...".
Para el constitucionalista y ex procurador general del Estado Gustavo Medina, el artículo 27 prorroga las funciones del TC y de los otros órganos mencionados, por lo que no podía autoproclamarse la Corte Constitucional (CC).
El ex presidente del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales (la Constitución de 1998 lo reemplazó con el TC) Ernesto López coincide en señalar la inconstitucionalidad de la CC, "porque ninguna norma de la nueva Constitución faculta a los vocales a arrogarse funciones".
El constitucionalista y ex vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rodríguez añade que también se violó el artículo 434 de la Constitución, que dice: "Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana... se procurará la paridad entre hombres y mujeres".
Con todo eso, Rodríguez hace notar que el TC "podía seguir velando por la Constitución sin necesidad de violarla". (SR)
Sin vía constitucional para impugnar acto
Alberto Acosta cuestionó la actuación de los vocales del ex Tribunal Constitucional
El ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta también se refirió a la inconstitucionalidad de la Corte Constitucional.
El pasado 13 de noviembre, le dijo a un canal de televisión que el Tribunal Constitucional "se metamorfoseó en Corte Constitucional y los vocales de ese Tribunal se metamorfosearon en magistrados".
En ese sentido, anotó que el artículo 25 del Régimen de Transición se refiere a la organización de la comisión calificadora (designada por Ejecutivo, Legislativo y Transparencia y Control Social) para designar a los magistrados de la primera CC.
Por esa razón, el artículo 27 establece la prórroga transitoria del TC, "no se les dice que ellos tienen que asumir la Corte Constitucional", destacó Acosta.
En el actual estado de cosas, no hay una instancia que pueda resolver si fue o no constitucional la autoproclamación de la CC, "porque el órgano al que le correspondería pronunciarse es esa Corte espúrea y, desde luego, no lo va a hacer", dice el constitucionalista Ernesto López.
De su parte, Antonio Rodríguez manifiesta que "la única salida sería que los miembros de la CC se vayan a su casa debido a la "imposibilidad de encontrar caminos legales y constitucionales, porque estamos en dictadura".
Agrega que la autoproclamación se opone al sentido común, porque ellos estaban en funciones prorrogadas. (SR/AA)
'Decisión va más allá de la falta de estética o buen gusto'
Los miembros de la Corte sostienen que el artículo 27 del Régimen de Transición produjo un vacío constitucional
Para los actuales miembros de la CC, el Régimen de Transición produjo un "vacío constitucional", porque el artículo 27 no permite determinar cuál es el órgano que asume el control y la jurisdicción constitucional durante este período.
Tampoco prescribe las atribuciones de ese órgano, no establece los procedimientos que regulan el trámite de las nuevas garantías y acciones previstas en la actual Constitución, ni señala qué organismo debe regular esos procedimientos.
Por eso, "la interpretación literal del artículo 27 implicaba que, hasta que no se designaran los nuevos jueces constitucionales, quedarían reducidas a letra muerta las herramientas de garantía constitucional".
De este modo, sostienen que (de acuerdo a la Constitución) debían mantenerse en ejercicio de su período, "pero ejerciendo provisional y temporalmente las funciones de la nueva Corte Constitucional".
Además, un principio universal de derecho indica que no se pueden ejercer las funciones si no existe el órgano que las ejerce; de ahí que, para los miembros de la autonombrada CC, lo contrario sería "involucionar del pensamiento moderno y racional a la metafísica medieval".
Añaden que, más allá de la retórica política y de la posible falta de "buen gusto o estética de la decisión", no se trata de una autoproclamación caprichosa, sino de una decisión racional, razonada y necesaria para garantizar la vigencia real de la Constitución durante la transición.
Todo lo anotado consta en un documento de la CC enviado al congresillo y a varios editorialistas. (AA/VG)
'Críticos no conocen las reglas de la hermenéutica'
Autoprórroga no les habría permitido aplicar los nuevos mecanismos constitucionales
El presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, señala que la mayoría de los críticos son "juristas tradicionales o meros lectores literales de la Constitución y, por tanto, desconocedores de las más elementales reglas de hermenéutica constitucional".
Así cuestiona a los juristas que argumentan la supuesta ilegitimidad de la CC con base en el artículo 27 del Régimen de Transición, según el cual los vocales del TC seguían en funciones prorrogadas hasta no ser legalmente reemplazados.
Según Pazmiño, esos juristas olvidan que la naturaleza de las funciones prorrogadas implica que aquel funcionario que está en esa condición solo puede ejercer aquellas competencias que venía desempeñando, "es decir, en el presente caso, los vocales solo podían ejercer aquellas atribuciones establecidas en la Constitución de 1998 y en la Ley Orgánica del TC y no las de la Corte Constitucional establecidas en la nueva Constitución".
El titular de la CC también revela que, antes de autoproclamarse, se estudió la alternativa de la autoprórroga, pero la desecharon porque implicaba dejar sin aplicación inmediata los nuevos mecanismos jurisdiccionales de protección de la Constitución y los derechos fundamentales. "No se puede olvidar que la derogada Constitución de 1998 no establecía la acción de protección... o la fundamental interpretación constitucional".
Pazmiño remitió estas explicaciones al congresillo. (AA/VG)
Patricio Pazmiño Freire no obtuvo el puntaje para ser magistrado de la CSJ
Ha sido consultor y profesor de Derechos Humanos, director nacional de Consultoría Legal de la Procuraduría, asesor legislativo y presidente del Tribunal Constitucional.
En su juventud, fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en el que participó junto al actual ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, a quien asesoró en el Congreso Nacional cuando fue diputado por Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana (APRE, que dirigía Frank Vargas Pazzos).
En 2005, varias organizaciones de derechos humanos lo candidatizaron para el cargo de defensor del Pueblo, pero el Congreso no lo eligió. Ese año, también se presentó al concurso para conformar la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no alcanzó las calificaciones para ser magistrado: quedó en el puesto 69.
Un año después, entró al movimiento Alianza País y formó parte de la comisión que redactó el estatuto electoral de la Asamblea Constituyente, que fue sometido a consulta popular el 15 de abril de 2007; también trabajó en la elaboración del reglamento para el proceso de elección de los asambleístas.
En mayo de 2007, el presidente Rafael Correa lo postuló en el primer lugar de las ternas del Ejecutivo para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Esto, luego de que el Congreso "de los manteles" (suplentes que asumieron los cargos después que el Tribunal Supremo Electoral cesara a 51 diputados titulares) destituyera a los vocales del anterior Tribunal por haber ordenado la restitución de los legisladores que habían sido separados.
Ruth Seni Pinoargote, una carrera en la Función Judicial
Fue nombrada el 31 de mayo de 2007. Representaba a las Cámaras de la Producción. Es doctora en Jurisprudencia, especialista en Derecho Procesal. Ha sido jueza de lo Civil en Manabí, ministra y presidenta de la Corte Superior de Portoviejo, ministra juez de la ex Corte Suprema de Justicia, ministra juez de la Corte Policial, vocal alterna del Consejo Nacional de la Judicatura. Édgar Patricio Herrera, asesor jurídico en asuntos penales y civiles
El 31 de mayo de 2007, el Congreso de "los manteles" lo escogió de la terna presentada por los alcaldes y prefectos. Antes, fue asesor de la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga, de la Asociación Iglesia Internacional de Cristo y de varias empresas. Además de su título de doctor en Jurisprudencia, acredita la asistencia a 10 seminarios realizados en el país y en el extranjero.Alfonso Luz Yunes, entre el magisterio y las leyes
También fue nombrado el 31 de mayo de 2007 por el denominado congreso "de los manteles", como parte de la terna enviada por la ex Corte Suprema de Justicia. Fue conjuez de la CSJ, ministro de la Corte Superior de Guayaquil, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Vicente Rocafuerte y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, entre otros cargos.Pedro Roberto Bhrunis, especialista en Derecho Penal
Estuvo en una de las ternas enviadas por el Ejecutivo. Fue gobernador de Los Ríos, asesor de la Subsecretaría de Gobierno, asesor del Ministerio de Trabajo, procurador síndico del Municipio de Echeandía, secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, asesor de la Comisión de Tránsito del Guayas, delegado distrital de Los Ríos al Consejo Nacional de la Judicatura. Manuel Viteri Olvera, ex ministro, ex juez y cercano a la 'Pichicorte'
Fue postulado y elegido por el Congreso"de los manteles".
Fue magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) por dos ocasiones, y ministro de las cortes superiores de Babahoyo y Guayaquil; también fue juez de lo Penal en Guayas. Es hermano del ex diputado del PRE Víctor Hugo Sicouret Olvera, y en la época de la "Pichicorte" tenía una oficina en la CSJ.
Édgar Antonio Zárate tampoco sacó el puntaje requerido para la magistratura
Actual vicepresidente de la CC, fue escogido por el Congreso "de los manteles" el 31 de mayo de 2007 de la terna de la CSJ. Fue presidente de los servidores públicos del Ministerio de Trabajo, presidente de la asociación de docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, secretario del Consejo Cooperativo Nacional. Se presentó al concurso para ser magistrado de la CSJ, pero no alcanzó el puntaje.
Actual vicepresidente de la CC, fue escogido por el Congreso "de los manteles" el 31 de mayo de 2007 de la terna de la CSJ. Fue presidente de los servidores públicos del Ministerio de Trabajo, presidente de la asociación de docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, secretario del Consejo Cooperativo Nacional. Se presentó al concurso para ser magistrado de la CSJ, pero no alcanzó el puntaje.
Ezequiel Hernando Morales Vinueza, abogado y profesor
Fue postulado al Tribunal Constitucional por las centrales de trabajadores y organizaciones indígenas y campesinas. Es doctor en Jurisprudencia, fue profesor del Instituto Nacional Mejía de Quito, profesor de la Faculta de Filosofía de la Universidad Central. En su hoja de vida, se menciona que trabajó durante 13 años en el Congreso Nacional en calidad de asesor parlamentario.
Nina Pacari Vega, dirigente indígena, ex diputada y ex canciller de la República
Estuvo en la terna presentada por el Congreso. Saltó a la palestra pública durante las discusiones sobre la Ley Agraria, impulsada por el ex presidente Sixto Durán Ballén. Fue asambleísta en la Constituyente de 1998, como representante del movimiento Pachakutik. Fue diputada y segunda vicepresidenta del Congreso Nacional. Fue la primera canciller del Gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez.
