El primer debate sobre la Función Legislativa sembró ayer varias dudas entre los asambleístas de Acuerdo País y de la minoría. La conformación de un Consejo de Estado y la posibilidad de que las acciones del Primer Mandatario no puedan fiscalizarse, fueron los temas polémicos.
Incluso en la discusión que inició a las 09:30, el debate sobre dónde deberá funcionar la sede de esa Función del Estado volvió a escena y varios asambleístas manabitas reiteraron su pedido de que se traslade de forma definitiva de Quito a Manabí.
El argumento fueron las más de 80 firmas de respaldo que igual número de asambleístas suscribieron para respaldar esta última iniciativa, que fue propuesta por el vicepresidente de la Mesa 7, Ricardo Zambrano (Acuerdo País).
El asambleísta de minoría León Roldós (RED) cuestionó que el articulado no especifica los mecanismos de integración del futuro Congreso que se llamará Asamblea Nacional.
Roldós denunció que los textos buscan crear una cuasi monarquía de plenos poderes debido a que reduce la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional a asuntos de protocolo y mantiene intacto el juicio político.
Este último mecanismo, según Roldós, debería tener carácter vinculante y no solo una censura a los ministros de Estado, los cuales en la mayoría de los casos siguen en sus funciones.
Pero fue la flamante presidenta de la Mesa 10 María Paula Romo (Acuerdo País) quien hizo una contundente exposición. Romo cuestionó la posible creación del Consejo de Estado como organismo superior al resto de funciones del Estado.
Según el articulado de la Mesa 3, que se debatió ayer, el Presidente de la República será el titular de esa instancia.
Y con ella coincidió la asambleísta de minoría Mae Montaño (UNO) quien calificó de tibias a las reformas planteadas a la Función Legislativa. Hizo un llamado a la Asamblea a preservar la independencia y autonomía de las funciones del Estado.
Cómo es posible que (las funciones) se subordinen al Presidente de la República, dijo.
El documento que se debatió ayer consta de 29 artículos sobre la Función Legislativa y tres sobre el Consejo de Estado.
Julio Logroño (PSP, denunció que en el paquete de artículos hay inconsistencias, limitaciones y falta de claridad respecto de quiénes integrarán el nuevo Congreso.
El asambleísta Leonardo Viteri (PSC) reiteró su pedido de que la sede legislativa pase a Manabí. Esa idea, sin embargo, fue desestimada por su coterráneo de Acuerdo País, Trajano Andrade, quien dijo que lo importante no es la sede sino entender que Manabí será el nuevo polo de desarrollo.
Hora GMT: 01/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario EL COMERCIO Ciudad Quito
