Análisis de HOY
El pasado martes, el presidente de la República, Rafael Correa, envió un alcance a su veto parcial a la Ley de Seguridad Financiera aprobada por el congresillo, por pedido del Ejecutivo.
El punto en el que el Gobierno reculó fue el referido al octavo ítem innumerado del artículo 2 del proyecto de ley. El presidente Correa objetó primero que la administración del Fondo de Liquidez, con mayoría del Gobierno, solo podría invertir ese dinero, los recursos de los depositantes del sector financiero privado, en instituciones con calificación AA o superior, es decir, muy confiables.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador inmediatamente denunció que ese veto permitiría al Gobierno usar el Fondo de Liquidez, por ejemplo, para comprar bonos del Estado; es decir, inversiones de alto riesgo en vista de la crisis que se avecina por la caída dramática del precio del petróleo ecuatoriano de más de $100 el barril a algo más de $20, y por la expansión del gasto público y el aumento de los subsidios.
"Al ampliar el requerimiento de la calificación AA se pretendieron ampliar las opciones de inversión de los recursos del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano (dinero de los depositantes privados). Sin embargo, esto ha sido mal interpretado por algunos miembros del sistema financiero y ciertos medios de comunicación, con la mala fe que generalmente les caracteriza cuando analizan las acciones de mi Gobierno", decía el presidente Correa en el oficio enviado al titular del congresillo, Fernando Cordero, para retirar su objeción a ese punto del veto al proyecto de ley.
El congresillo sin más se allanó al veto, pese a que esa misma mañana, en uno de los noticieros de televisión, el presidente de la Comisión de lo Tributario y Bancario del órgano legislativo, Jaime Ruiz, defendía el veto del presidente Correa, argumentando que eso abría el abanico de inversiones para el dinero que los ecuatorianos confiaron al sistema financiero.
Los sano es que el presidente de la República haya atendido a las luces rojas que se encendieron por la aprobación de una polémica ley que, desde la óptica del Ejecutivo, solo pone controles a una banca que ha sido denostada por casi todos los líderes de la revolución ciudadana.
Lo malo es que el país en este momento carezca de un órgano legislativo independiente que pueda debatir y hallar consensos en temas que en el mediano y corto plazo podrían afectar a millones de ecuatorianos que confían sus ahorros en el sistema financiero ecuatoriano.
La ley está ahí, pese a todas las objeciones planteadas por la banca privada. El administrador del Fondo de Liquidez sigue siendo el Gobierno, por lo tanto si algo ocurre con ese dinero, será el Ejecutivo el que deba responder.
Hora GMT: 01/Enero/2009 - 05:10
01/Enero/2009 a las 09:37
Un par de cosas: En la cosa publica "todo tiene que quedar bien claro", es conocido que solo esta permitido hacer lo que no esta prohibido, asi que no es asunto de mala interpretacion o mala fe, hay que dejar las cosas claras, y otros con esos razonamientos micky mouse, ademas, es asombroso que inmediatamente llega un veto a un proyecto de ley presentada por el pseudo poder legislativo y sin mayor debate, recordandonos la epoca de la constituyente, practicamente lo dan por aprobado pero, inmediatamente llega el alcance, pues con velocidad impresionante, como si fueran un apendice o un brazo complaciente del mismo ciudadano presidente, lo vuelven a aceptar. Admirable la independencia de este organismo.