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El auditor interno de Petroecuador, Douglas Torres, está al frente de la investigación
Douglas Torres, auditor interno de Petroecuador
El auditor interno de Petroecuador, Douglas Torres, manifiesta que un 15% de las 327 villas que integran la urbanización de Petroindustrial tiene problemas legales, pues quienes las ocupan no cuentan con permisos de habitabilidad.
Por ese motivo, pedirá que la empresa exija a todos los ocupantes de las casas la presentación de declaraciones juramentadas de bienes, para conocer si tienen propiedades en otras zonas de Esmeraldas.
Según el reglamento de adjudicación, utilización y mantenimiento de las villas, vigente desde 2001, el solicitante debe comprobar que no es propietario de vivienda, él ni su cónyuge o conviviente, en el cantón Esmeraldas, para lo cual presentará un certificado del Registro de la Propiedad.
Además, en caso de comprobarse por cualquier medio y en cualquier tiempo que se ha falseado a la verdad, la empresa retirará el beneficio de uso de la vivienda, según el documento.
Eso en teoría, porque en la práctica el auditor comprobó lo contrario durante el recorrido del pasado martes, a pesar de que la Contraloría ya lo había advertido hace dos años y recomendado correctivos.
Actualmente, la investigación sobre las irregularidades la lleva adelante el auditor Douglas Torres, de 50 años, quien tiene una maestría en Finanzas, otorgada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y dos diplomados en Gerencia Financiera, entre otros títulos.
Los problemas de la urbanización de Petroindustrial no solo se circunscriben al uso de las villas y las demandas presentadas por una treintena de ex trabajadores. También hay líos por la apertura de negocios particulares, a pesar de que lo prohíbe el reglamento.
Durante su recorrido, Torres comprobó que en el complejo habitacional se han instalado licorerías y abacerías, a pesar de que en el lugar existe un comisariato.
Asimismo, en los techos de las casas se observa la acumulación de hollín y en muchos lugares hay una acumulación de maleza.
Esto, aun cuando el reglamento obliga a los usuarios a mantener las viviendas en las condiciones en que las recibieron y a cuidar de ellas como casa propia. Además, deben mantener en buenas condiciones los muebles y equipos, y son responsables personal y pecuniariamente por la buena conservación y cuidado de los mismos.
A pesar de ello, con el paso del tiempo desaparecieron muchos electrodomésticos y otros están guardados como chatarra en una de las bodegas de la administración.
Los usuarios pagan un arriendo mensual equivalente al 5% del sueldo básico, que se descuenta a través de los roles de pago; los valores retenidos van a un fondo que es administrado por la Unidad de Finanzas de la refinería y están destinados a gastos de mantenimiento de las villas. Los trabajadores también pagan por los servicios de energía eléctrica y de telefonía; el agua proviene de una planta de tratamiento que instaló Petroindustrial.
Como primer paso para apoderarse de las viviendas, los ex trabajadores presentaron denuncias en la Inspectoría del Trabajo de Esmeraldas, según se desprende de un documento interno de Petroindustrial del 16 de septiembre de 2004.
Por ese entonces, hubo una disposición de la Vicepresidencia de la empresa en el sentido de que se debía contestar con el argumento de que el inspector no tenía competencia alguna para conocer el tema. También se señalaba que los ex trabajadores se habían comprometido, en forma libre y voluntaria, a entregar las villas.
Por esos días, la Vicepresidencia de la estatal ya señalaba posibles responsabilidades de funcionarios por no haber hecho cumplir el contenido de las actas firmadas por los ex trabajadores. No obstante, el caso ha llegado a la instancia de juzgamiento y aún faltan 24 sentencias. (LFA/AA)
La urbanización está valorada en $12,6 millones por la organización Levin
Los activos de la urbanización de la Refinería Estatal de Esmeraldas fueron valorados en $12 623 101, por la organización Levin
Los edificios, entre los que se cuentan las viviendas de dos pisos, un piso y las prefabricadas, el jardín de infantes, la administración, comisariato, bodegas, baterías sanitarias, tanque de agua, pavimento de las calles, veredas, cerramiento y las canchas deportivas, están valorados en $7 874 768.
Las instalaciones y plantas industriales (de la urbanización) comprenden, las redes de energía eléctrica, alumbrado público (200 postes), el sistema de televisión por cable, la red general de provisión, la instalación contra incendios, las redes de alcantarillado pluvial y de aguas negras y la instalación del aire acondicionado están valoradas en $4 748 333.
La urbanización de Petroindistrial está ubicada al sureste de la capital esmeraldeña y está asentada en 36 hectáreas de terreno; fue construída en 1974 para el personal técnico y los trabajadores de la refinería.
La tubería del poliducto y del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) se encuentran a unos 300 metros de distancia de las villas de la urbanización. (LFA)
PUNTO DE VISTA
Excesos en la estatal petrolera
Las muestras de abusos sindicales en las empresas que forman el conglomerado estatal petrolero ecuatoriano aparecen cada cierto tiempo.
Este mismo suplemento publicó, el 21 de mayo de 2007, que a pesar de que la Refinería Estatal funcionaba a menos del 50% de su capacidad instalada en ese momento, y las paralizaciones del trabajo de las instalaciones eran constantes, se había pagado alrededor de $12 millones en horas extras a trabajadores de 2001 a 2006.
Ello sin contar con los beneficios que se desprenden de los contratos colectivos que amparan a los trabajadores de Petroindustrial (a cargo la Refinería) y a las demás filiales que forman Petroecuador.
Uno de esos beneficios es la provisión de vivienda al empleado si no posee bienes inmuebles en la jurisdicción en que desempeña su labor. Y por ello, en 1974 se edificó una urbanización en las cercanías del centro de refinación.
Por la ocupación de las viviendas que forman el conjunto habitacional, el empleado cancela un 5% de su salario básico y debe hacerse cargo del pago de los servicios básicos. Las casas son entregadas a los trabajadores mediante un convenio de préstamo, según el cual, cuando la persona termina su relación laboral con la Refinería, debe regresar el inmueble en un plazo de 20 días.
Pero en alrededor del 15% de las villas existen problemas de propiedad. En unos casos, los trabajadores han interpuesto demandas de posesión para asegurarse la propiedad de las viviendas a perpetuidad. En otros, los prestatarios usan, de hecho, los inmuebles, como si fuesen suyos: los subarriendan, los encargan o instalan negocios, lo cual no está permitido.
Algunos juicios han sido resueltos a favor de Petroindustrial; pero hay otros pendientes de resolución y final incierto.
En resumen, los hechos muestran una cultura de abuso de bienes que pertenece a todos los ecuatorianos. (LAG)
