Por Ana Angulo Benavides
La investigación por la entrega del famoso bono para el "desarrollo personal, espiritual y cultural" de los miembros de la Asociación de Empleados de la Procuraduría General del Estado se ha centrado en 15 integrantes de esa organización, para quienes la Fiscalía pidió la prisión. Uno de ellos fue detenido el último viernes, mientras otro le jugó a la Policía una "inocentada" al salir del país el pasado 28 de diciembre, por vía aérea y pasando por las oficinas de Migración, rumbo a los EEUU, a pesar de que 10 días antes el juez había puesto la orden de prisión.
Si un juez ha pedido la cárcel para los funcionarios, debe ser porque hay alguna responsabilidad penal, pero no creo que ellos se hayan otorgado el bono por sí mismos, ya que en la función pública los empleados no pueden disponer sobre el uso de los recursos por su propia cuenta; esto siempre conlleva la autorización de alguna autoridad. Pero la Fiscalía no se ha pronunciado sobre eso.
La historia del bono empezó en enero del año anterior, cuando la Asociación de Empleados pidió al entonces procurador general del Estado, Xavier Garaicoa, la entrega de $3,8 millones para "capacitación y crecimiento" de quienes forman parte de la institución. Antes de otorgarles, el procurador consultó la opinión a la Dirección de Asesoría Jurídica, cuyo director consideró procedente entregar los recursos.
Después de esos trámites, el ex procurador resolvió asignar a los empleados la cantidad de $3 028 000. No obstante, la investigación solo parece recaer en los directivos de la Asociación y en el ex director Financiero (al momento es el único detenido), pero sobre la actuación de las ex principales autoridades nadie dice nada, ¿cómo se entiende que únicamente hayan incurrido en el supuesto delito los funcionarios que pidieron la plata, pero no hay responsabilidad de quienes autorizaron la entrega?
En el enlace radial sabatino, que ayer fue emitido desde La Habana, el presidente Rafael Correa felicitó al fiscal Washington Pesántez por actuar diligentemente en esta investigación. El mandatario también criticó acremente la actitud de los empleados de la Procuraduría por haber pedido la entrega de la plata con el pretexto de que los recursos provenían de la autogestión; además dijo que "no se les ocurrió mejor idea" que darles los recursos para que se los repartieran a un monto de $10 mil por cabeza y compraran un centro vacacional en la playa, pero increíblemente no mencionó los nombres de las autoridades a las que se les ocurrió aquella idea de asignarles los fondos.
Así, parece que desde "arriba" nos quieren dar la impresión de que los empleados, solitos, se autorregalaron más de $3 millones.
aangulo@hoy.com
Hora GMT: 11/Enero/2009 - 05:05
