Andrés Vallejo
avallejo@hoy.com.ec
Cada vez es más frecuente la opinión sobre la necesidad de cambiar la estrategia de combate a la nociva presencia de las drogas en el mundo. Fenómeno globalizado como pocos, penetra en los intersticios de la sociedad contaminando todo y pervirtiendo todo. Y violentando todo, desde el comportamiento de los individuos y las instituciones, que se corrompen por el consumo y ceden ante el influjo imparable del poder económico que representa su producción y comercialización, hasta el lavado del dinero y todas sus consecuencias.
En el combate al tráfico de drogas, más atención se ha dado a proscribir su producción que a evitar su consumo, como que alguien produciría algo prohibido si no habría quien lo consuma. Se ha empleado la fuerza pública para apresar e incluso eliminar a los jefes de los carteles internacionales, más poderosos que muchos Estados en los que operan, sin resultados palpables, al menos en el largo plazo. Primero Colombia y ahora México han vivido –viven- procesos de violencia que han costado la vida a candidatos presidenciales, ministros, alcaldes y autoridades militares y policiales. Más de 50 000 personas han fallecido en México en los últimos seis años. Se acaba inmiscuyendo a las Fuerzas Armadas, siempre arma de doble filo. La corrupción se infiltra en las filas de la institución tradicionalmente apreciada y seria. Los abusos desdibujan su imagen. Se organizan fuerzas paramilitares casi siempre relacionadas a las legales, como pasó en Colombia, formando el círculo vicioso tan difícil de romper.
Varios expresidentes americanos, entre ellos Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México abogan por la legalización del uso de drogas como un mecanismo que rompa el atractivo de lo prohibido y reduzca el beneficio exponencial que se produce con la prohibición, complejo camino que requeriría de un acuerdo global que regule todo el proceso. Y esfuerzos de educación y tratamiento de adictos.
En días pasados se publicó que en Ecuador proliferan los centros sin permiso para tratar adictos, que no pueden tratar ni al 18% de los que lo necesitan y de los cuales el 56% no tienen permiso para operar, en los que reciben tratamiento inhumano e ineficaz. Y no existe un proceso de educación que prevenga el consumo, que se vería facilitado con una posible legalización.
En el proyecto de Código Penal, se despenaliza el consumo de cantidades pequeñas de droga. ¿Se contempla que alguien tiene que venderlas, lo que sí está penado? ¿Se permite, aunque sea implícitamente, su comercialización? Mil consideraciones más deberían hacerse, por las consecuencias en la salud de los consumidores, en la economía de los países -algunos de los cuales dependen de la producción de droga-, en las repercusiones sociales de su presencia o ausencia, en los hábitos de la juventud, en un tema que no puede resolverse aisladamente. Requiere el consenso global, o al menos continental, aún para mejorar el esquema que no ha dado resultados, pero con mayor razón para cambiarlo, como parece ineludible.
Autor: Andrés Vallejo - avallejo@hoy.com.ec Ciudad Quito
