Opinión de HOY
Dos indagaciones penales que se dilatan en el Ministerio Público son el llamado Chucky Seven y el de la valija diplomática. En el primero, la demanda por falsedad ideológica y prevaricato contra el juez Juan Paredes por la sentencia contra El Universo lleva 10 meses en manos del fiscal distrital de Guayas Antonio Gagliardo. La acusación de que uno de los abogados del presidente fue quien redactó ese sentencia reviste la mayor gravedad. No debe quedar en el limbo una denuncia de esa magnitud. Repugna como una insólita corrupción solo pensar que el abogado de un demandante podría ser el autor de un fallo contra la parte contraria. Pero la dimensión es incomparablemente mayor, por los daños sociales, éticos y políticos, si en medio aparece un jefe de Estado como beneficiario de esa sentencia.
Gagliardo ha hecho intentos de separase del proceso, pero las excusas bajo el argumento de que había sido postulado como candidato a integrar la nueva Corte Constitucional no fueron aceptadas por el fiscal general, Galo Chiriboga. Es necesario esclarecer el caso.
No solo se hallan en juego la
credibilidad, la independencia y el prestigio del fiscal, sino además las del sistema de justicia.
También la indagación fiscal sobre la valija diplomática que se envió desde al Cancillería al Consulado en Milán, valija en la que la Policía italiana descubrió cocaína líquida, ha seguido con una deplorable lentitud. El fiscal Chiriboga informó a comienzo de junio sobre las gestiones en Italia para la asistencia penal internacional. Pero la indagación en el país no revela aún ni
Lo más elemental, como quién dejó en la Cancillería los jarrones en los que se descubrió la droga ni quién gestionó y autorizó ese envío por valija diplomática.
Tampoco debe quedar en el limbo esta denuncia. No solo están en juego la credibilidad y la independencia de la justicia, sino la imagen y el buen nombre del servicio exterior y del país.
Ciudad Quito
