Documento apócrifo predijo contratos

La Fiscalía guarda silencio sobre la investigación de la adjudicación de contratos, denunciados por empleados de Petroproducción.

Se basaron en un documento cuya autenticidad fue puesta en duda; sin embargo, coincide en varios aspectos con la adjudicación final.

Los proyectos de una hoja apócrifa que se convirtieron en realidad...

Contratos en Petroecuador

La denuncia fue hecha en febrero de este año. La suma de los contratos sobrepasan los $170 millones

En febrero pasado, los trabajadores de Petroproducción denunciaron la supuesta existencia de una red de tráfico de influencias y corrupción en la que participaba la empresa petrolera estatal y la Presidencia de la República.

Cinco meses más tarde, la Fiscalía opta por guardar silencio, argumentando que no hay nada nuevo al respecto. No obstante, el 22 de junio pasado, el propio fiscal general del Estado, Washington Pesántez, anunciaba que se detectaron irregularidades en varios contratos y que requería de dos meses más de trabajo para completar la investigación.

Mientras tanto, con fecha 11 de febrero de 2009, el contralmirante Luis Jaramillo Arias, presidente ejecutivo de Petroecuador, remitía a la asambleísta Martha Roldós Bucaram (RED) el oficio No. 068 PEP-2009. En este documento detalla el estado de varios procesos contractuales hechos por la empresa (15 en total), quiénes fueron los adjudicatarios, los precios que se fijaron, el estado del contrato, entre otros elementos.

La documentación está certificada y el mencionado cuadro tiene varias coincidencias con el documento que sirvió de base para la denuncia de febrero (ver documentos en parte inferior).

Dicha hoja, que en su momento fue calificada como apócrifa, menciona que los procesos contractuales corresponde al período abril-noviembre de 2008. En esa época Carlos Ruales, capitán de navío en servicio activo, se desempeñaba como jefe de la Unidad de Contratos Petroleros, y Raúl Hidalgo, capitán en servicio pasivo, como asesor del comandante de la Marina, Camilo Delgado. Sus siglas aparecen en la mencionada hoja.

Las similitudes: En el documento que se calificó de apócrifo se detallan 19 proyectos. De ellos, según Petroecuador, 15 fueron adjudicados: taladro, torres de 7.50 hp, renovación de oleoductos-variantes; mantenimiento de líneas; seguridad, sísmica marítima, aereograbimetría, adquisición tubería, mantenimiento de vías plataformas, construcción de laboratorio Cibiot, equipamiento de laboratorio Cibiot, construcción de bloques de vivienda, reinyección de aguas, scada y unidades Lact"s.

Así también coinciden varias de las empresas que fueron adjudicadas. (SL)

El estado de emergencia que nunca acaba

Durante Más de año y medio Petroecuador y sus filiales han sido manejadas con ese sistema

Desde el 29 de noviembre de 2007, el presidente Correa ha declarado en 10 oportunidades la emergencia para Petroecuador y sus empresas filiales.

El argumento central ha sido que hay una deficiente administración de Petroecuador. Y, en consecuencia, aquello puede ocasionar una conmoción interna grave.

El último decreto, el 1792, fue firmado el 19 de junio de 2009 y es para las actividades de exploración, explotación, industrialización, comercialización y transporte de crudo.

No obstante, las cifras que muestran la empresa petrolera, que está a cargo de la Marina (ver cuadro) en cuanto, por ejemplo, a producción de crudo y refinamiento del mismo (en las tres refinerías del país: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi) no muestran grandes variaciones en sus niveles de producción, desde que rige la emergencia.

Según la Constitución (y que es la base para los decretos de emergencia), en su artículo 164, que se refiere al estado de excepción, señala que esta solo puede ser dictada en "caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública, desastre natural". Mientras, el 166 señala que el estado de excepción durará máximo 60 días y "si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por 30 días más".

En el último decreto, el Ejecutivo también argumenta que "es necesario continuar con el esfuerzo iniciado en Petroecuador para revertir la negativa tendencia, que por muchos años afectó al sistema y que en este momento significaría una grave amenaza para el país".

Este estado de excepción para Petroecuador también se ha traducido en firmas de decenas de contratos, obviando los concursos habituales y optando por el sistema de invitación a empresas u otros mecanismos.

Según la página web de Petroproducción, solamente en el 2008 se adjudicaron más de 70 contratos de diferente índole y por diversos servicios a través de esta filial de la estatal petrolera. (SL)

Fiscal Pesántez guarda silencio

Contratos petroleros

El fiscal general, Washington Pesántez, se negó a proporcionar información sobre las investigaciones de dos casos en los que estaría involucrado personal de Petroecuador y sus filiales.

La una es sobre la denuncia de que en la empresa petrolera había una red de tráfico de influencias, donde estarían involucrados alrededor de 400 empleados. La otra es sobre un documento donde se señalaría con antelación qué empresas serían beneficiadas de varios contratos y las supuestas comisiones que se repartirían.

Pese a que en un inicio Pesántez accedió a conceder una entrevista a BLANCO y NEGRO, luego de la rueda de prensa del miércoles pasado, sobre el pedido de Ecuador a Interpol para que se emita una orden de difusión azul -localización- contra Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, la decisión cambió.

Marcelo Cevallos, director del Departamento de Comunicación Social de la Fiscalía, preguntó al reportero de este suplemento cuál era el tema de la entrevista.

Ante la interrogante, se le informó que se buscaba conocer el estado de la investigación de la denuncia hecha por el ex presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, y el resultado de los peritajes a las dos computadoras incautadas a dos asesores luego de conocerse el cuadro de contratos (ver página dos).

Minutos después, Cevallos informó que sobre las interrogantes, Pesántez decía que "no había nada".

Pese a ello, se insistió en la entrevista. A las 17:00 de ese mismo día, el reportero estuvo en la oficina de Pesántez, para insistir en el diálogo. Ahí, la asistente del fiscal, a quien se le informó que hubo el compromiso de una entrevista sobre el tema petrolero, informó una hora más tarde que Pesántez no iba dar más entrevistas a los medios de comunicación en los subsiguientes días.

Las preguntas: A continuación se detallan las interrogantes que el fiscal general no respondió a este medio:

1.- ¿Qué hizo la Fiscalía en torno a la denuncia realizada por el ex presidente de Petreecuador sobre la existencia de una red de funcionarios que traficaban con información privilegiada?

2.- ¿Por qué el documento que fue calificado como apócrifo, que supuestamente fue sacado de la computadora portátil de uno de los asesores de Camilo Delgado, en ese entonces vicepresidente de Petroproducción, se cumplió casi en su totalidad tal y como se puede constatar en los contratos suscritos?

3.- ¿Cuál fue el resultado del peritaje realizado a las computadoras?

4.- ¿De las lista de funcionarios que supuestamente eran parte de la red de tráfico de influencias, cuyos nombres fueron entregaron a la Fiscalía, cuántos serían responsables del delito?

5.- ¿Cómo responde ante los rumores que salen de Petroecuador de que el trabajo de la Fiscalía se ha tardado demasiado, al punto que no se ha podido evitar que el contrato entregado a Scada, luego fuera transferido a la empresa Telvent.?

6.- Si la Fiscalía no tiene avanzada la investigación, significa que sigue en funcionamiento la red de tráfico de influencias cuyos integrantes supuestamente cobraban entre el 1,5 y el 6 % por cada contrato. (MP)

Contrato petrolero fue anulado por una falsficación de documentos

Fiscalía guarda silencio sobre el hecho

La indagación que inició por falsificación de documento fue cambiada a violación de domicilio

De los 19 contratos que constan en el documento que sirvió de respaldo para denunciar la existencia de una red de tráfico de influencias en Petroecuador, solo fue negado el que en principio era para Petróleum Contracting, cuyo gerente es Manuel Ochoa, socio de Fabricio Correa, hermano del Presidente, en otros negocios.

El reporte oficial emitido por Petroecuador señala que el contrato de reemplazo en líneas de flujo "Power Oil , gas lift y reinyección de agua en los campos de Petroproducción del distrito amazónico" a favor de Petroleum Contracting fue declarado fallido, porque la compañía presentó información adulterada. De ahí que el contrato por $40 689 112 fue entregado al consorcio Azulec-Urazul-Orienco.

Razones del cambio: A finales de agosto de 2008, el gerente de Oleducto de Petroecuador informó al vicepresidente de Petroproducción, capitán de Navío Camilio Delgado, que la empresa Petroleum Contracting había entregado documentación adulterada en la oferta presentada para construir el sistema contra incendios de la estación de bombeo de Lago Agrio y la terminal marítima de Balao. El contrato tenía un costo estimado de $11 972 759,92.

El gerente de Oleoducto de Petroecuador denunció que el sobre No. 1 de la antedicha propuesta incluía un certificado falso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), relacionado con la cancelación de la mora patronal.

El otro documento adulterado era el que le atribuían a un notario de Quito, quien, según los documentos, daba fe de la autencidad de los 63 papeles que contenía la oferta presentada.

Como prueba de lo dicho, el funcionario denunciante adjuntó un oficio de la Secretaría General del IESS y un comunicado del notario en el cual decía que los sellos y firmas del documento de la notaría eran falsos.

Actuación fiscal: En septiembre de 2008, la denuncia de las irregularidades cometidas por el gerente general de Petroleum Contracting, Manuel Ochoa, llegó a la Fiscalía General, donde se inició las primeras averiguaciones en torno al caso por falsificación de documento. Este es un delito de acción pública, por lo que al haber indicios de responsabilidad penal el caso fue remitido a la Fiscalía Distrital de Pichincha. La denuncia consta en el registro general asignado con el número 08-09-08170.

Sin embargo, el mismo proceso fue asignado al fiscal de la Unidad de Delitos Misceláneos, Hernán del Pozo. En el sistema de control interno de la Unidad, está registrado como una investigación por violación de domicilio, lo cual es una infracción de acción privada y, en consecuencia, no procede la acción de la Fiscalía, salvo que alguien impulse la causa respectiva.

Este fue el argumento en el cual se respaldó el fiscal Del Pozo para solicitar, el 24 de junio, el desistimiento. Esta se encontraría en el "pool de mensajería" para el archivo.

Sobre el cambio de la figura y el archivo de la causa, los respresentantes de la Fiscalía General no han dado una explicación hasta el momento.

La consecuencia del archivo es que el gerente de Petroleum Contracting, Manuel Ochoa, o los responsables de haber adulterado un documento público, queden en la impunidad. (MP)

Contrato tuvo aval de suscripción

Documentos investigados

En la suscripción del contrato entre Petroecudador y la empresa Petroleum Contracting (PC) pesaron los informes favorables emitidos tanto por Procuraduría como de la Contraloría General.

En el caso de la Procuraduría, la autorización de la suscripción del contrato tuvo como antecedente la resolución 2008048, de fecha 25 de febrero de 2008, en la cual se declara en emergencia la ejecución de proyectos de renovación y optimización de la Red de Oleductos Secundarios (RODA) y la renovación de los Sistemas de Ramales y Oleoductos Secundarios, que se haría mediante el sistema de contratación directa.

En este contexto también se plantea el reemplazo de líneas de flujo power oil, gas lift y reinyección de agua en el Distrito Amazónico, y este es el contrato que se adjudica en principio a Petroleum.

Mediante la resolución No. 2008292-PPR-VPR-2008, del 23 de julio de 2008, el vicepresidente de Petroproducción acepta la recomendación de la Comisión de Negociación Directa y adjudica a la empresa Petroleum Contracting el contrato por $39 424 197,73.

Sin embargo, luego de que a finales de agosto el gerente de Oleducto de Petroecuador denunciara la inclusión de documentos falsos, en uno de los contratos de PC, el convenio queda sin efecto.

Sobre el particular son informados los representantes tanto de la Procuraduría, así como de la Contraloría General del Estado, para que investiguen. (MP)

Altos y bajos

• En febrero de este año, se desata la polémica por la supuesta red de tráfico de influencias en Petroecuador


• La fiscalía incauta dos computadoras para analizarlas y determinar responsabilidades


• El caso hasta ahora no tiene resultados, mientras que el fiscal Pesántez guarda silencio sobre el tema


• Petroleum Contracting es investigada por la Fiscalía, por falsificación de documentos del IESS y un notario


• Procuraduría y Contraloría emitieron en su momento informe favorable para la compañía


• El gerente de Petroleum saldría bien librado, porque el proceso cambia de figura a violación de domicilio

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