El Ecuador mantiene esos tratados no solo con países con los que el Gobierno discrepa ideológicamente
Por Ana María Correa
acorrea@hoy.com.ec
En oficio remitido el 28 de septiembre de 2009, el presidente Rafael Correa solicitó a Fernando Cordero, titular de la Asamblea Nacional, la denuncia de los tratados bilaterales de protección recíproca de las inversiones suscritos por el Ecuador hasta la fecha.
Para sorpresa de muchos, la lista de países con los que mantenemos esos tratados es larga, y no incluye solamente países del llamado eje neoliberal ni países con los que discrepemos ideológicamente. La China, Venezuela y la Argentina, supuestos grandes aliados ideológicos del Ecuador, también serían perjudicados con esta decisión.
La semana anterior, en esta misma columna, reflexionaba sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de hacernos la vida a cuadros sin ayuda de nadie ni intervención de ningún ente foráneo.
Pues si esta medida pasa, esta será el más monumental de los autodisparos en los pies que el propio Gobierno recibiría. Tan simple como eso.
Rafael Correa se ha empecinado en hacer del Ecuador un país de explotación minera a gran escala. Tan fuerte ha sido su encaprichamiento, que no tuvo pena ni empacho en romper relaciones con su íntimo Alberto Acosta por avanzar con su proyecto minero. Pues bien, resulta que si la Asamblea Nacional da pronto trámite al pedido del presidente, no solamente que se dificultará la llegada de empresas mineras canadienses y de otras nacionalidades, sino que las propias empresas mineras que mantienen operaciones en el Ecuado, podrían ver comprometido su futuro, pues sin un tratado de protección recíproca de inversiones, las empresas pierden la certeza de que, en caso de conflicto, habrá una tercera parte mediadora con credibilidad suficiente y, sobre todo, reglas claras de juego para cuando las relaciones con el país dejan de ser color rosa.
Los argumentos esgrimidos son clásicos y repetitivos hasta el cansancio. Que los tribunales arbitrales a los que estos tratados conducen generalmente resuelven en contra de las legislaciones nacionales a las que consideran "confiscatorias" y, por lo tanto, son lesivos para el interés nacional pues, a pesar de que aceptan la soberanía tributaria de los países, terminan fallando en contra de estos países.
Por tanto, se pide la denuncia de todos aquellos tratados que resulten violatorios de la Constitución en los casos en que atribuyan competencias propias de la legislación nacional a los organismos internacionales o supranacionales.
¡Qué miopía respecto de los avances en el derecho internacional! Tengo la impresión de que, después de la ola dejada por el escándalo de los tragamonedas y los vínculos indeseados dentro del Gobierno, este ha decidido nuevamente adoptar una medida que le vuelva a congraciar con su grupo de interés del ala más radical. Supongo que a ellos habrá que contentar esta vez, y es probable que ni el asesor Machado haya caído en cuenta de las consecuencias nefastas que esta medida podría tener sobre la capacidad del país de ser receptor de asistencia chilena, suiza, sueca, francesa o venezolana.
Dispararse en los pies ya se va convirtiendo en una práctica clásica de este Gobierno que no termina de definir si es radical o práctico y a quién mismo tiene que atender. A ratos movidas pragmáticas y a ratos decisiones como estas, en las que ni siquiera se reparó que entre los países afectados están los íntimos amigos del presidente.
Hora GMT: 06/Noviembre/2009 - 05:08
06/Noviembre/2009 a las 08:06
Pues sí,jugando a las ollas encantadas con el pais. Es defícil entender la lógica del correato, si acaso existe. Mientras condenan el embargo económico gringo a Cuba como justificación de las penuraias de ese pueblo, aqui nos auto embargamos,solitos cerramos los flujos de capital productivo externo. La advertencia es que para cuando retorne la cordura, muchísima gente se habrá comido hasta la camisa en una economía sin inversión.