Los expertos cuestionan el "manejo político" otorgado a un tema "eminentemente técnico y legal"
El futuro de Odebrecht y de cinco de sus obras en el Ecuador, incluida la hidroeléctrica San Francisco que se encuentra en reparación, podría definirse en esta semana, una vez que hoy, los ecuatorianos aprueben o nieguen el proyecto de Constitución.
El secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, ya dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones se pueda retomar, aunque aseguró que "la última palabra la tendrá el presidente Rafael Correa".
En todo caso, el Gobierno está analizando los últimos planteamientos hechos por Odebrecht: depositar $43 millones por concepto de garantías, contratar una auditoría internacional permanente para determinar las responsabilidades de las partes y pagar, en forma integral, los trabajos de recuperación de la central. Además de asumir los costos de los arreglos por un valor cercano a los $25 millones.
También propuso una extensión de la garantía pero no señaló el tiempo.
Pero, más allá de que se reanuden los diálogos, lo que preocupa, según algunos expertos, es que se le haya dado un tratamiento político a un tema que es "eminentemente jurídico y técnico". Por esta acción, incluso, el Estado podría verse obligado a pagar una indemnización, dijeron. (GC-SS)
