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Despenalizar la concusión

Publicado el 03/Abril/2008 | 00:00

Según estadísticas de CARE, organización internacional con fines humanitarios, filial Quito, hay en el Ecuador correlación entre el progresivo deterioro de la confianza ciudadana en instituciones civiles y el progresivo aumento de la justificación ciudadana de la coima o soborno a un funcionario público por parte del usuario. Las instituciones tomadas en cuenta fueron la Iglesia Católica Romana, los medios de comunicación, Participación Ciudadana, movimientos indígenas, Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, empresa privada y sindicatos en general. Esta medición abarcó el período 2001-2006. Igual correlación se dio entre coima y desconfianza hacia instituciones del Estado.

Pero no solo creció el volumen de coimas, sino que empezó a aumentar el numero de coimantes que no sintieron, por haberlo hecho, ningún retortijón en las tripas de la conciencia, sino que aumentó el número de quienes justifican el acto de coimar como necesario. De un total de 100 coimantes en cada uno de los lugares siguientes, 37,3 la justificaron en Guayaquil; 21,3 en ciudades grandes; 17,4 en ciudades pequeñas; 14,9 en áreas rurales; 13,7 en Quito y 9,5 en ciudades medianas.

Coimar es sobornar, del latín subornare, adornar por debajo. Es la acción de alguien que con dádivas o regalos consigue que un funcionario haga o deje de hacer cierta cosa en su favor, constituya o no, la cosa, injusticia o delito. La concusión, del latin concútere, significa sacudir violentamente; y en medicina, quiere decir golpe violento especialmente en la cabeza. En la práctica social, significa exacción o cobro arbitrario realizado por un funcionario público en provecho propio.

Pues bien, soborna quien da plata a un funcionario para que agilite un trámite; y exacciona quien, siendo funcionario, cobra dinero al ciudadano por un servicio que es gratuito. El Código Penal sanciona a quien soborna y también a quien ha dado dinero cuando ha sido excacionado.

En la lucha real contra la corrupción se sugiere despenalizar al ciudadano corruptor, esto es, a quien toma la iniciativa de prometer o dar algún bien al funcionario público, y al ciudadano que cede a la exacción de un funcionario. Y esto por el motivo de que quien soborna tenga, al menos, el estímulo legal de no ser sancionado para que pueda denunciar. Este procedimiento de no sancionar al que paga se da en países en los que el legislador ha razonado que el funcionario público ya recibe salario del Estado y que este salario proviene de los impuestos que el ciudadano paga. Por tanto, el ciudadano goza de la exención de culpa si soborna para que, de esta suerte, pueda acusar al funcionario público. En la práctica esta institución da buenos resultados.

En abono de esta propuesta hay pareceres de prestigiosos profesionales del derecho que han ocupado cargos de presidentes de tribunales constitucionales y cortes supremas de justicia. Quienes luchan contra la corrupción en el Ecuador no tienen apoyo de la legislación, pero sí, multitud de trabas. Lo señalado es una de ellas. Hay que ser prácticos, aterrizar y ayudar a quienes combaten la corrupción.

Hora GMT: 03/Abril/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Simón Espinosa Cordero

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