Por Juan Falconi Puig
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De la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) de los años sesenta (siglo pasado) en el hemisferio sur, sucesivamente hubo procesos subregionales para acelerar ese proyecto regional. En 1969, se formó el Grupo Andino (Gran), integrado originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, el Ecuador, el Perú y Venezuela. Por diferencias económicas y el tratamiento al capital e inversión extranjeras, Chile se retiró en los años setenta, quedando los cinco países andinos que, a fines de los años ochenta e inicios de los noventa, con mecanismos como la Zona de Libre Comercio y la Unión Aduanera dieron gran impulso al proceso, en adición a políticas más o menos comunes (porque, en materia arancelaria, hubo excepciones), adoptándose nuevas políticas y reglas en inversión extranjera, transportes y propiedad intelectual, etc.
Por la misma época, se formaban grupos como el Mercosur, agrupando a la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay; y, en América del Norte, Nafta, por sus siglas en inglés, reuniendo al Canadá, los Estados Unidos de América y México, país este último que, ciertamente, obtuvo mucho provecho económico por la expansión de sus exportaciones a su vecino, los Estados Unidos.
Lo que hoy es la Comunidad Andina de Naciones, nomenclatura que no representa el avance del proceso, se modeló a imagen y semejanza de la Unión Económica Europea, creada por el Tratado de Roma de 1959 en lo que ahora es Unión Europea, que luego de una verdadera integración adoptó una moneda común como el euro y avanza aun más con el Tratado de Lisboa, vigente estos días, gestado hace nueve años con la declaración de Niza (la 23), dirigida a una profunda reforma jurídica, de procedimientos e instituciones de la Unión Europea, hoy con un presidente permanente. Hubo demoras sí, hasta que en diciembre de 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, que ahora contempla aspectos como el terrorismo, actividad nuclear, globalización y avance tecnológico.
Y la Comunidad Andina, en una especie de catalepsia de la que tal vez no salga, al lado de otro proceso en la subregión latinoamericana como la Alba, que tiene una connotación más política que económica. Pero las sociedades de países deben corresponder a los intereses comunes de sus habitantes, que son permanentes, y no de sus Gobiernos, que son esencialmente temporales. De esta desunión, de una intención integradora errátil y a veces hasta incoherente, se aprovechan los países desarrollados que pagan menos y menos por nuestros productos, confirmado que somos incapaces de acordar grandes temas para un mercado de más de cien millones de habitantes, solo en la Comunidad Andina, CAN. Y la desintegración empieza internamente: baste como ejemplo la pequeñez de la crítica al presidente porque el fiscal general haya integrado su comitiva en el último viaje a Europa, no obstante de ser uno de los más altos funcionarios del Estado cumpliendo un rol destacado para el Ministerio Público.
Hora GMT: 11/Diciembre/2009 - 05:12
