Opinión de diario HOY
Cuando se tomó la decisión de que el Estado financiara la publicidad en televisión, radio, prensa y vallas de las diversas candidaturas en las campañas electorales, se invocó como fundamento la necesidad de crear condiciones de equidad en la participación electoral de las diversas candidaturas.
Al prohibir el financiamiento privado de esa publicidad se pretendía evitar que la competencia electoral se convirtiera en una prueba de mercadeo, con ventaja para las candidaturas con mayor poder económico que les permitiera utilizar mayor espacio publicitario en los medios.
Sin embargo, la participación equitativa resulta un espejismo si el Gobierno continúa, durante la campaña, con las cadenas radiales sabatinas.
El presidente del Consejo Nacional Electoral ha aseverado que el presidente de la República sí podrá realizar propaganda electoral en esas cadenas porque no pueden considerarse espacios oficiales ya que no son financiados con fondos públicos y las emisoras participan voluntariamente en la transmisión.
La Constitución prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de Gobierno, para la campaña electoral. Y en los desplazamientos del primer mandatario y la organización de las cadenas es evidente que se utilizan esos recursos.
El solo hecho de que los dignatarios no estén obligados a renunciar o por lo menos a pedir licencia sin sueldo genera ya una disparidad en las condiciones de participación, que es mucho mayor si se considera las ventajas de contar con la maquinaria de cualquier Gobierno.
Aprovecharse de los tenues límites entre el informe de labores y la publicidad oficial es otra forma de acrecentar la falta de equidad en la participación de las candidaturas.
El que no exista esa equidad erosiona un supuesto básico de las competencias democráticas.
Hora GMT: 13/Febrero/2009 - 05:12
