Análisis de diario HOY
Desde su origen, en los debates gobiernistas de Montecristi, el surgimiento inédito de un ente con poderes de designación de las principales autoridades de control del Estado, derivó en más dudas que certezas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado, según los constituyentes, para promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social y designar a las autoridades que le corresponda. Un cuerpo de siete consejeros con amplias facultades. Ninguna función de control se escapa al visto bueno de este Consejo: la procuraduría, superintendencias, defensorías del pueblo y pública, fiscalía, contraloría, consejo nacional electoral, tribunal contencioso electoral y el Consejo de la Judicatura.
El punto más oscuro es que la Constitución reconoce como los grandes proponentes de nombres a las organizaciones sociales, sin determinar con exactitud cómo serán escogidas y qué peso tendrán en la balanza, aquellas claramente identificadas con el Gobierno. En ninguna disposición de la flamante Constitución, se garantiza la independencia de estos nombramientos con respecto al Gobierno, ni tampoco se percibe un ejercicio democrático, cuando las organizaciones sociales que van a cargar con la responsabilidad de designar candidatos, no han sido escogidas por los ciudadanos y, en algunos casos, no pasan de ser grupos de afinidad ideológica con objetivos igual de comunes, nada cercanos a los intereses colectivos. Ahora vemos, en cambio, que el actual congresillo se lava las manos en la designación del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene el carácter de transitorio. Los asambleístas pretenden que el Consejo Nacional Electoral se encargue de la designación, cuando está estipulado en la propia Constitución gobiernista, que será el órgano legislativo el encargado y responsable de esta primera integración del Consejo. Aún no existe una explicación clara por parte del presidente del congresillo, sobre las razones que motivaron esta falta de responsabilidad.
El CNE, a su vez, se rebela y contesta que este organismo no se debe prestar a "tercerizaciones institucionales". Y pasaron la pelota a la cancha de la autoproclamada Corte Constitucional, para que sean estos jueces autotitulados supremos, los que resuelvan el embrollo jurídico.
Todo lo cual revela, sencillamente, dosis exageradas de improvisación, desbarajuste institucional y falta de capacidad en los ex constituyentes, para ofrecer salidas jurídicas limpias y sobre todo, basadas en Derecho, para que el país no siga de tumbo en tumbo en los intentos de establecer el camino de la revolución ciudadana.
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Hora GMT: 12/Noviembre/2008 - 05:10
