Derecha o derecha

Bernardo Tobar Carrión
btobar@hoy.com.ec

Chile enfrentará en la segunda ronda de la carrera presidencial a dos candidatos, Piñera y Frei, que, independientemente de sus etiquetas partidistas, han comulgado desde siempre con los principios de libertad individual, de la iniciativa privada como el principal eje del crecimiento económico y, consecuentemente, del rol subsidiario y excepcional del Estado en la economía. Y despejando el ruido del discurso político, la verdad es que estos mismos principios, matices más o menos, han animado la práctica gubernamental en Chile los últimos 30 años, con resultados sociales, económicos e institucionales que ubican a este país, con distancia, a la cabeza de Latinoamérica.

El mercadeo político ha etiquetado de socialista el régimen chileno, aunque nada resulte más ajeno al socialismo, en cualquiera de sus variantes, que su sistema constitucional, que desde su primera norma somete al Estado "al servicio de la persona humana" y de su "mayor realización espiritual y material posible".

La libertad y la promesa de progreso individual son la columna vertebral de la Constitución chilena y, desde luego, también de su cultura. En dicha Constitución, que rige desde 1980, se garantiza a plenitud la libertad económica de la persona, sin recortarla en razón de sectores económicos reservados al Estado -figura inexistente- o en función de planes o políticas públicos o de un difuso y tramposo interés colectivo.

No existe una sola norma en la Constitución analizada relativa al modelo de desarrollo o al sistema económico que, por lo tanto, no se dirigen desde las oficinas públicas, sino que se construyen desde la libertad personal. La regla general repudia la intervención del Estado en la economía, al punto que el desarrollo de actividades empresariales por el Estado procede "solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares…". Como se ve, esta norma del art. 19 (21) de la Constitución chilena, ubicada dentro de los derechos de las personas, no solamente reivindica el desarrollo económico como el espacio natural de la iniciativa privada, sino que somete al Estado, en las casos en que por ley excepcionalmente lo autoriza a desarrollar actividades empresariales, a competir en igualdad de condiciones con los particulares.

El mismo principio informa las materias sociales, como la educación, que se miran en la Constitución chilena desde el derecho y responsabilidad de los padres, que el Estado reconoce y protege, y jamás como una potestad pública que el Estado impone o controla. En la Constitución referida, el Estado no es el gran rector ni el gran controlador. Es el mayor facilitador de la realización personal.

Indudablemente, esta Constitución chilena tiene el sostén de una cultura que maduró a sangre y fuego su convicción de que la libertad individual y todas sus manifestaciones tienen en el poder del Estado su más alto riesgo, y la evidencia práctica de que el desarrollo y la reducción consistente de la pobreza se produce en sociedades liberales.

Hora GMT: 16/Diciembre/2009 - 05:07