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Agilidad en los trámites
El organismo busca agilitar los casos a través de la oralidad y otras medidas cautelares
Hasta agosto de 2009, 234 defensores públicos tienen que agilitar los casos de las personas privadas de libertad. Según Ernesto Pazmiño, director Nacional de la Defensoría Pública Penal, para lograrlo, los abogados deberán despachar alrededor de 3 200 procesos.
Por el momento, se han depurado los procesos y de acuerdo con las estadísticas de la Defensoría, entre noviembre de 2007 y enero de 2009, se han atendido 16 904 causas. De estas, 6 813 fueron resueltas y 4 300 personas recobraron su libertad. También gestionaron 1 615 indultos y 5 017 audiencias orales por delitos flagrantes, lo que ha generado un ahorro de $8 millones anuales para el Estado.
Para que los defensores públicos cumplan con esa meta -agregó Pazmiño- no será necesario que los internos sean sentenciados. Se podrán valer de la revocatoria o caducidad de la prisión preventiva, del sobreseimiento o caución, dentro de los plazos que establece el Código de Procedimiento Penal (CPP).
Juan Jaramillo Salinas, defensor Público de la Etapa de Juzgamiento, explicó que hay muchos casos que deben resolverse, porque se han encontrado represados por largo tiempo. Un ejemplo es el caso de Luis Alberto Baculema Vega, quien fue acusado de delito de muerte y estuvo preso durante 10 años. En 2008 fue declarado inocente.
Otra causa fue la de Darwin Geovanny Villamar Apolinario, acusado de robo. Salió sobreseído, luego de permanecer tres años en prisión. Algo parecido ocurrió con Germania Elizabeth Mendoza Cabezas, que fue acusada de hurto. Luego de cuatro años, el juez ordenó su libertad porque no encontró pruebas.
"La justicia ha sido indolente. Por ello, los defensores hemos acudido a los centros penitenciarios para hablar con los imputados y conocer cuál es el estado de las causas. Eso ha significado que los tribunales agiliten los trámites", explicó.
El especialista calculó que el 70% de los acusados no ha tenido recursos económicos para pagar un abogado. "Es ahí donde entramos para ayudar a los ciudadanos", indicó Blanca Avilés, defensora Pública. La funcionaria informó que la mayoría de detenidos son personas de bajos estratos. Señaló que el 60% de los casos que asiste son por delitos de droga. "Son personas desesperadas que aceptaron ser mulas (transportar drogas en sus cuerpos) a cambio de dinero".
No obstante, Pazmiño dijo que aunque hay voluntad para despejar todos los casos se debería ampliar la cobertura. En materia penal se necesitan 144 defensores públicos; en causas de la Niñez, se requieren al menos 79 funcionarios; para violencia intrafamiliar, 162 y para los casos de tipo laboral, 49. (GCA)
El organismo asume metas para los próximos meses
Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, aseguró que es un reto difícil, pero posible, "estamos trabajando, pero necesitamos los nuevos tribunales penales que se crean y las reformas al Código de Procedimiento Penal".
Los cambios buscan consolidar el sistema de oralidad, diversificar las medidas cautelares y dar más garantías a las personas ofendidas o a las víctimas de algún delito.
La Defensoría Pública propone algunas medidas para erradicar el problema. Una de estas es la implementación de oficinas de la defensoría en los centros de rehabilitación social.
También se preve que en agosto del 2009, la Defensoría Pública asuma las causas relacionadas con pensiones alimenticias. Actualmente existen 88 838 causas represadas. Por otro lado, en agosto de 2010, el organismo atenderá los casos de violencia intrafamiliar. Existen 76 023 casos a escala nacional. (GCA)
