Transcurrieron tres años para que las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la repatriación de cadáveres de ecuatorianos fallecidos en Europa puedan ser sancionadas.
Tras la destitución del cargo, la Asamblea dio vía libre para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enjuicie penalmente al Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, involucrado en los ilícitos junto con dos funcionarios más.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), determinó que Mueckay excedió a sus funciones al nombrar a Carlos Guevara Coello y Rita Gortaire Lara como directores de Derechos Humanos en España, con remuneraciones del presupuesto de la Defensoría del Pueblo, abusando de recursos públicos en beneficio de terceros.
Después de una investigación de ocho meses, el organismo concluyó que estos funcionarios perjudicaron a los familiares de los emigrantes fallecidos en España.
En total, la CCCC encontró irregularidades en 68 casos. En 29 no se presentó facturas de servicios exequiales; en 36 casos nunca se entregaron las indemnizaciones, a pesar de que Guevara y Gortaire tramitaron poderes especiales.
Finalmente hubo tres casos de donación de órganos de los cuales solo uno tenía la autorización de la viuda, quien, según el informe, aseguró ser presionada para aceptar por razones económicas.
"Mueckay me ofreció $500 y tramitar mi indemnización a cambio de hacer una declaración juramentada a favor suyo por el caso de donación de órganos. Pero solo quedó en ofrecimiento", dice la declaración de una viuda, cuya identidad se mantiene en reserva.
HOY conversó con dos familias víctimas en estos casos. Aunque aún lloran a sus allegados fallecidos en Europa, la experiencia los alejó de las oficinas, de los trámites y papeleos. La confianza en los organismos se redujo a cero. (PRN)
Dos testimonios del hecho que mantuvo inquieta a la ciudadanía
"Cuando vi a mi hijo, sus ojos estaban hundidos. Algo pasaba..."
La ampliación de la casa para la familia Farinango Laines quedó estancada; no hay dinero para comprar el resto de materiales. "Mi hijo nos mandaba la plata y con eso arreglábamos la casita", cuenta María Melida Laines (60 años), madre de Segundo Farinango Laines, el menor de cuatro hijos que mantuvo a sus seres queridos trabajando como albañil, en España.
El 22 de abril de 2003, el joven de 27 años murió de una puñalada, al salir de una construcción, en la ciudad de Madrid. Sus allegados lo supieron al día siguiente. Lo más fuerte del dolor fue que no estaban en posibilidades de repatriar el cuerpo.
Ante la desesperación, Enrique Farinango, el padre (foto), habló con la Defensoría del Pueblo, en donde le dieron el teléfono de Carlos Guevara, entonces delegado en España, quien aseguró que arreglaría los documentos para una indemnización, luego de que le entreguen un poder para autorizar los trámites. Luego de que el cuerpo llegó a Quito, María vio el rostro de Segundo, a través de la ventana del féretro. "Los ojos estaban hundidos y el cofre era liviano. Algo pasó con su cuerpo", dijo con una certeza.
Los familiares trataron de abrir la caja, pero no lo lograron. Intentaron hablar con Guevara, para preguntar sobre esa condición y saber qué pasó en la indemnización, sin embargo, nunca más respondió el teléfono. Al final enterraron el cuerpo en un nicho por el que pagan una mensualidad. De eso, han pasado 5 años y la familia nunca supo qué pasó con el cuerpo y con la indemnización. "Tampoco pudimos cobrar el seguro. No volvimos a confiar en nadie", asegura.
"El cuerpo fue repatriado, pero la indemnización no llegó"
"España es un país ingrato. Mi hermano se sacrificó ahí y le pagaron mal", comenta Nelly Calderón Heredia (44 años), hermana de Luis Calderón, emigrante ecuatoriano que murió atropellado en la ciudad de Sevilla.
Luis tenía seis hermanos. Era soltero y fue miembro de la Policía Nacional. Pidió la baja para tramitar su visa. Varios meses después, el documento fue aprobado. Realizó algunas labores, entre esas, obrero en una plantación de Madrid, y la última como albañil. Mandaba una mensualidad para el tratamiento de Lucrecia Heredia, su madre.
Cuando el accidente ocurrió, un amigo de Luis se puso en contacto con los hermanos y les advirtió que si no se hacían a cargo del trámite, el cuerpo iría a una fosa común.
Angélica Calderón, otra de las hermanas, se contactó con la Defensoría del Pueblo, en España. Carlos Guevara pidió un poder para autorizar el traslado del cuerpo y tramitar una compensación. Además, les explicó que alguno de los órganos serviría como pago por los trámites de repatriación, pese que la donación de órganos no tiene ningún costo o beneficio económico.
La familia admite que al tema no le prestaron mayor atención. El cuerpo llegó después de 28 días. Para los familiares, el ataúd se veía tan blindado como una caja fuerte. Los familiares quisieron abrir el cofre, pero Vicente Calderón, padre de Luis, se negó. Él fue enterrado en el cementerio de San Diego. Sin embargo, dicen sus hermanas, nunca recibieron indemnización como fue acordado con Guevara. Ellas confían en la justicia divina y esperan que su hermano descanse en paz. (GCA)
Hora GMT: 27/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
