Human Rights Watch introdujo una opinión

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) introdujo ayer ante la Corte Constitucional de Ecuador una opinión en contra de un decreto que regula la obtención de asilo en el país, el de mayor número de refugiados en la región.

Un comunicado de la organización argumenta que “el decreto implica la violación de las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Ecuador de proteger a refugiados y solicitantes de asilo”. Y José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización, argumentó: “Ecuador debería ofrecer a los refugiados una oportunidad razonable de solicitar asilo. Ecuador tiene obligaciones frente a los refugiados, establecidas en sus propias leyes y en el derecho internacional, y debe cumplirlas”.

Según Vivanco, el Estado ecuatoriano debería ofrecer a los refugiados una oportunidad razonable de solicitar asilo y debe cumplir sus obligaciones sobre la materia.

La presentación de amicus curiae (que realizan terceros ajenos a un litigio ofreciendo su opinión) se da en el marco de un procedimiento iniciado en 2012 ante la Corte Constitucional ecuatoriana por las organizaciones no gubernamentales Asylum Access Ecuador y la Clínica Jurídica de la Universidad de San Francisco de Quito, que objetan la constitucionalidad del decreto.

En el documento de 16 páginas, HRW argumenta que el decreto vulnera derechos de debido proceso y cercena otros derechos fundamentales de refugiados y solicitantes de asilo.

Además, supone importantes obstáculos para la protección de las personas refugiadas en Ecuador y América, según señala la organización, que ya había pedido la revocación de la norma en 2013.

El Decreto 1182 firmado por el presidente Rafael Correa establece un plazo de 15 días a partir de la fecha de ingreso a Ecuador para presentar una solicitud de asilo, así como la posibilidad de rechazar el pedido a quienes hayan cometido delitos y la facultad de revocar el estatus de refugiado a quienes ya lo ostenten.

Human Rights Watch argumenta que los plazos son breves e inflexibles y que los funcionarios tienen amplia discrecionalidad para excluir a solicitantes de asilo o revocar el estatus de refugiado.

“Human Rights Watch ha asumido el compromiso de utilizar herramientas judiciales y cuasijudiciales de derechos interno e internacional para contribuir a la protección de los derechos humanos -dice el documento-. Ese compromiso ha dado origen a esta solicitud”.