Por Elsa de Mena


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En un interesante foro organizado por la Universidad Andina, fue analizada desde diversos puntos de vista la obligación formal que tenemos los ciudadanos de presentar la Declaración Patrimonial. De acuerdo con la información oficial, dicha declaración deberá ser presentada por las personas cuyo patrimonio individual supere los $200 mil, o por la sociedad conyugal cuando fuese superior a $400 mil, cantidades que duplican los montos inicialmente contemplados en la Resolución del SRI. Si bien esta decisión puede ser positiva para efectos electorales, siempre será cuestionable la aplicación de políticas dirigidas a un grupo determinado de ciudadanos que, de otra parte, son los que están absolutamente controlados en todos los ámbitos de su actividad. Correspondió a un funcionario del la ex Dirección General de Rentas sustentar su tesis muy favorable a la citada Declaración, con argumentos propios de aquella época, caracterizada, entre muchas otras carencias, por la ausencia de tecnología, no solo en el ámbito de la Administración Tributaria, sino en general en el de la gestión pública, lo cual constituía un serio obstáculo para el cobro de los impuestos e inducía a la búsqueda de mecanismos sustitutivos como receptar de propia declaración, los incrementos patrimoniales.

Un segundo expositor ignoró en su presentación el cambio de trascendental importancia operado en la Administración Tributaria desde hace más de una década, y que, entre otros aspectos, mediante el uso de herramientas de tecnología avanzada, permite realizar cruces de información, de los cuales ningún evasor, por avezado que parezca, puede escapar.

De ahí que la justificación de la Administración Tributaria de que existe un 65% de evasión, simplemente constituye un recurso que no ha podido comprobar con sus resultados de recaudación alcanzada.

La exposición de un destacado abogado, especializado en temas tributarios y que conoce con claridad el esquema administrativo del SRI, y el potencial de una institución basada en tecnología, aseguró que la declaración patrimonial no tendrá futuro en el Ecuador, como no lo ha tenido en los países cuyo desarrollo tecnológico ofrece al Estado la oportunidad de control, de mutuo propio, por la disponibilidad de bases de datos bien organizadas. Resaltó el hecho, a menudo distorsionante, de la valoración catastral de predios, cuyos precios son más altos que los del mercado, en sectores que se califican como de gente adinerada, mientras en otros se encuentran apreciablemente subvaluados. Cabe intuir en lo peligroso que resultará para los primeros, una valoración oficial exagerada, a efectos de la aplicación de los impuestos a la herencia.

Como conclusión final, corresponde destacar que la opinión ciudadana siempre será valiosa a la hora de diseñar una política pública. De hecho, para el caso, el formulario ha sido simplificado en forma importante y elevado el monto de la base del patrimonio para la declaración. Sin embargo, cabe preguntarse si se requería de una ley que, según declaración oficial, solo será aplicada a 70 mil personas en todo el país.