Declaración patrimonial

Por Elsa de de Mena

La administración de impuestos se desarrolla en una compleja red de relaciones entre los derechos y obligaciones del Estado y los del contribuyente. El Estado tiene derecho a acceder a todas las fuentes públicas de las que dispone, cruzar información y determinar los probables ingresos de los ciudadanos y los impuestos que deben pagar. Los ciudadanos tienen derecho a su privacidad, una de cuyas expresiones más significativas es la de no tener que rendir cuentas sobre la forma en que administran sus ingresos, y a la presunción de inocencia, en tanto no se pruebe lo contrario.

El Estado dispone de suficientes fuentes de información para realizar sus investigaciones; entre las más importantes, cabe citar al sistema público de Registro de la Propiedad que, de acuerdo con el art. 265 de la Constitución, debe ser "administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades", y al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, de hábitat y vivienda, contemplado en el art. 375 del mismo texto constitucional. La llamada Ley para la Equidad Tributaria fue aprobada antes que el marco del Estado dado por la nueva Constitución, en caso contrario no habría tenido la necesidad de exigir la declaración patrimonial. Tiene acceso, además, a la información de las transacciones de la banca y, directamente a través de la Administración Tributaria, a la de las tarjetas de crédito, mercado de valores y a la base de datos vehicular, maneja todo el sistema de facturación y el Régimen Impositivo Simplificado, que sirve no solo para cobrar los impuestos de los pequeños artesanos y comerciantes, sino que puede llegar al origen de las transacciones, debido a la obligación de facturar. El comercio exterior está bancarizado, las importaciones deben pagarse a través de giro o transferencia bancaria, circunstancia que prácticamente impide la subfacturación y el contrabando. En todas estas opciones de control, la tecnología moderna de la que dispone la Administración Tributaria es una valiosa aliada.

No cabe presumir que un ciudadano se haya enriquecido ilícitamente y, en consecuencia, exigirle la presentación de una declaración patrimonial. Diferente es la situación de los funcionarios y empleados públicos que tienen la obligación de hacerlo como una derivación de la naturaleza de sus responsabilidades y como forma de salvaguardar la administración del erario público. Obligar a informar, además, sobre la condición de nexos familiares y sobre el menaje de casa, y aun obras de arte, que posiblemente no tienen más valor que el subjetivo del que los posee, viola el derecho a la privacidad del ciudadano, ya de por sí venido a menos, y parece avanzar peligrosamente hacia un ambiente de control de la vida de las personas.

Hora GMT: 01/Febrero/2009 - 05:03