Las disposiciones transitorias de la nueva Constitución señalan los cuerpos legales que deberán ser aprobados a la brevedad
Una vez que se defina la integración de la Comisión Legislativa, la prioridad será tramitar las leyes que contempla la Transitoria 1 de la nueva Constitución, a las que se sumaría la Ley Minera, pues está por vencer el plazo establecido en el Mandato Minero, aprobado por la Asamblea.
Esa prioridad fue remarcada a HOY, hace una semana, por Augusto Barrera, miembro del buró de Acuerdo País (AP) , en el marco de las expectativas que la directiva del movimiento tiene para el corto plazo, una vez que fue aprobada la Constitución.
La Transitoria 1 da un plazo de 120 días para la aprobación de cinco leyes: soberanía alimentaria, electoral, función judicial, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa prioridad no impide el adelanto de un segundo paquete de 15 leyes para los que corre un plazo de 360 días, recordó Barrera.
La definición interna de AP, sobre el trabajo legislativo, ha sido la de establecer una instancia de un perfil más bien político, de ahí, la decisión de reproducir la misma la representación política que tuvo la Constituyente en la Comisión Legislativa.
Sin embargo, ese perfil no es compartido por sectores de las minorías. Santiago Ribadeneira, del Movimiento UNO, dijo que dada la trascendencia que tienen las leyes, amerita una selección técnica de quienes sean parte del congresillo.
Ese mensaje también ha calado en otros sectores, pues ha crecido la idea de que si el Gobierno tiene amplia mayoría en ese espacio, únicamente se apuntaría a privilegiar la visión del Gobierno.
Así, ciertos sectores, como el indígena de la Amazonía, ha anunciado, hace pocos días, el inicio de la resistencia a la actividad minera en las zonas donde tienen influencia. Grupos identificados con estas demandas han señalado, como lo señaló la ex asambleísta Mónica Chuji, que seguirán de cerca el debate y de ser necesario, aplicarán el derecho a la impugnación, por considerar que se están afectando los derechos de los ciudadanos. (LB)
Propuestas
Acceso a la tierra
La soberanía alimentaria se define como una obligación del Estado para garantizar el autoabastecimiento de alimentos. Además, se establecen 14 obligaciones del Estado, entre ellas, promover políticas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y a recursos productivos. Se garantiza la función social de la tierra y se crea un fondo nacional que se encargará de esto. (LB)
Elección y Justicia
Aunque en las próximas elecciones regirán las reglas del Régimen Transitorio, se contempla la aprobación de la ley electoral que debe reglamentar los sistemas de participación política y las futuras normas para procesos electorales.
La Ley de la Función Judicial, con la estructura del Sistema Nacional de Justicia como cabeza de la nueva administración de leyes, está en las prioridades. (LB)
Hora GMT: 13/Octubre/2008 - 05:17
