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Diego Araujo Sánchez
daraujo@hoy.com.ec
¿Quién controla el uso de los recursos públicos en las campañas publicitarias del Gobierno? ¿En qué ley se ampara la difusión de cuñas para descalificar a sectores ciudadanos? El bombardeo de publicidad contra la marcha indígena, a la que se atribuyó propósitos golpistas y desestabilizadores, fue una ignominiosa demostración de esa práctica de ofensas y desvalorización. El desarrollo de la jornada puso en evidencia la falacia de las acusaciones. ¿Dónde estuvieron los golpistas movidos por la derecha? ¿No fueron antiguos aliados del Gobierno los protagonistas de la marcha?
Ni esa campaña, ni la réplica de la contramarcha, con todos los recursos de la maquinaria del poder, ni los obstáculos puestos a la movilización indígena lograron fijar la percepción de que quienes habían caminado durante 15 días desde El Pangui hasta Quito eran cuatro pelagatos o que la marcha por ocho provincias constituía un fracaso. Por el contrario, la ofensiva, medrosa e incoherente reacción gubernamental dio mayores dimensiones a la acción de los grupos indígenas y movimientos sociales.
La marcha puso en el primer plano de la agenda pública temas para el debate como el extractivismo con la minería de gran escala a cielo abierto; y los planteamientos sobre la Ley del Agua o la Ley de Tierras y Territorios, entre otros. Pero, sobre todo, quebró la ilusión de unanimidad de ese populismo que ha revivido la tarima y la ha extendido gracias al márquetin político; señaló las distancias entre los enunciados garantistas de la Constitución de Montecristi en cuanto a participación, libertades y democracia y las prácticas políticas de la llamada revolución ciudadana; tuvo el efecto de demostrar, como dijo uno de los dirigentes de la marcha, que se ha perdido el miedo…
La movilización deja, además, en la agenda pública la necesidad de diálogo. Estamos ahítos del monólogo del poder. Las palabras destempladas y los discursos de una sola persona que marca la verdad última en todo, muestran sus fisuras y desgastes. La marcha indígena reitera la urgencia de pasar de los monólogos y ofensas de las campañas publicitarias y las sabatinas al diálogo inclusivo y respetuoso entre los diversos sectores y grupos sociales y políticos. Ese diálogo no es posible si se coloca en la categoría de enemigos y se descalifica a quienes discrepan con el Gobierno; si se criminalizan la protesta y la opinión.
Enfrentar los problemas básicos del país requiere diálogo, procesamiento democrático de las discrepancias y no la imposición desde un Gobierno concentrador del poder. Un pronunciamiento de la AEDEP el pasado 11 de marzo señaló la necesidad de ese cambio que compromete a todos: "El giro al cual la situación del país nos convoca consiste en privilegiar la agenda pública (que no es únicamente del Gobierno) y asumir la grandeza cívica de entender que el país y su destino nos conciernen a todos. La competencia debe ser de ideas y de interés por los problemas de fondo, y no de ofensas ni descalificaciones. Las urgencias que saltan a los ojos, obligan a pensar que el país necesita una esfera pública tolerante y pluralista en la cual nadie se crea dueño de la verdad. Y nadie ridiculice o escarnezca a nadie por aportar con críticas o propuestas. Todos somos ecuatorianos".
Autor: Diego Araujo - daraujo@hoy.com.ec Ciudad Quito
