De la pugna a la complacencia

Por Ernesto Albán Gómez

ealban@hoy.com.ec

Uno de los problemas recurrentes que sufrió la frágil democracia ecuatoriana durante casi tres décadas fue la llamada pugna de poderes. Es decir, un pernicioso y casi perpetuo enfrentamiento entre las funciones Legislativa y Ejecutiva. En esa penosa historia, se pueden encontrar episodios inverosímiles, como el no haberse podido poner de acuerdo para la designación de contralor durante todo un período presidencial; a más, por supuesto, de los costos de todo tipo que los Gobiernos debieron pagar para obtener la ansiada mayoría legislativa.

La situación era un fiel reflejo de la mediocridad y mezquindad de la dirigencia política del país especialmente enquistada en el Congreso, incapaz de dejar a un lado sus intereses particulares frente al bien público.

Hay quienes creyeron entonces, con la mejor buena fe, que era preferible abandonar el sistema presidencial y adoptar el parlamentario para obligar al Congreso a responsabilizarse con seriedad de la conducción del país. Me temo que este remedio habría sido peor que la enfermedad. Pero es evidente que la necesidad de superar este entrampamiento fue uno de los factores que llevó a la ciudadanía a apoyar mayoritaria y decididamente una propuesta de cambio que debía implementarse a través de una asamblea constituyente y de una nueva Constitución.

Lo cierto es que, hace dos años, la pugna de poderes desapareció. El congreso de los manteles, primero, la Asamblea de Montecristi, luego y, finalmente, el congresillo aceptaron con una impresionante complacencia, por utilizar un término suave, las más variadas propuestas del Ejecutivo. Desde sus proyectos de leyes y las consecuentes objeciones hasta el archivo ipso facto de cualquier iniciativa de fiscalización.

Hay en este punto una cuestión de fondo que debe ser aclarada. Es cierto que una estructura política de separación de poderes se fundamenta en la autonomía de los órganos del Estado, cada uno con sus atribuciones específicas, sus controles y contrapesos; pero también es indispensable una adecuada relación entre ellos, más todavía una intensa colaboración para alcanzar los objetivos nacionales.

La pugna de poderes fue nefasta, como lo fueron los mecanismos fraudulentos utilizados para superarla. Claro que en los sistemas presidenciales ocurre con frecuencia que los dos órganos del poder están controlados por partidos diferentes, pero en una democracia madura esta situación no deriva ni en pugna ni en compra de conciencias.

Ahora bien, la solución tampoco puede ser la que se ha plasmado en la Constitución de Montecristi ni, en su secuela, la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa. Un presidencialismo a ultranza, mucho más reforzado que aquel que tanto se criticó en las reformas constitucionales de 1998 y, simultáneamente, una función legislativa que ha sufrido una capitis diminutio. El panorama que se presenta para el futuro es francamente lamentable. Una Asamblea cuya mayoría ha quedado asegurada de alguna manera tendrá la misma actitud complaciente de la Constituyente y del congresillo. Y así vamos a estar los próximos cuatro años.

Hora GMT: 23/Agosto/2009 - 05:12