Diego Araujo Sánchez

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L as más de 300 páginas del Informe sobre Derechos Humanos Ecuador 2011 del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar integran un documento consistente, bien trabajado, con un sustentado acopio de fuentes, hechos, datos y cifras. Nada más injusto e hiriente a una elemental valoración de ese esfuerzo como el calificativo de "fraude académico" que salió de la sabatina presidencial y se ha difundido por el aparato de propaganda del Gobierno.

El balance general de 2011 pone de relieve la conflictividad en aumento en cuanto a lesiones de los derechos a la libertad y el buen vivir, a la participación y protección y los derechos de los pueblos y de grupos de atención prioritaria. Desde la perspectiva garantista de derechos de la Constitución y la necesidad de una legislación que la concrete, examina la baja producción legislativa a lo largo de 2011: el 87,5% del proyecto de leyes provino de iniciativas del partido del Gobierno; solo se aprobó un proyecto de iniciativa ciudadana. El balance observa también, dentro del contexto de falta de independencia judicial, el uso de la justicia penal como instrumento para criminalizar la protesta social y la opinión: numerosos indígenas son enjuiciados por sabotaje y terrorismo, se persigue a dirigentes sindicales, se procesa a periodistas; se sentencia por delito de injuria a un editorialista y a los directivos de un diario a cárcel y a pagar una millonaria indemnización sin precedentes al presidente de la República, que interpone la demanda a título personal. Además, en el área judicial, se repara en la falta de independencia de la Corte Constitucional y se señalan los hechos que la evidencian.

Otros ámbitos observados dentro del balance son, primero, la tendencia restrictiva a conceder las acciones de protección: nueve de cada 10 acciones interpuestas fueron negadas en 2011; segundo, los derechos de la naturaleza en riesgo por el modelo económico extractivista en cuya consolidación avanzó durante el año el Gobierno y determinó violaciones de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas; tercero, el deterioro de la seguridad integral; y, finalmente, la insuficiencia de las políticas públicas sobre derechos humanos.

Tras este balance general a cargo del Programa, el informe contiene una serie de documentados análisis escritos por una veintena de prestigiosos autores sobre el panorama de los derechos humanos en la prensa, los problemas de estos derechos en la justicia, la seguridad, el ambiente y otras situaciones conflictivas. La visión pluridimensional del estudio se confirma en otro capítulo con el balance desde el Estado de los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo y la inclusión de otros informes de 2011.

La reacción gubernamental ha sido descalificar el Informe y hasta sugerir que el Senescyt revise los estándares académicos de la Universidad Andina. El rector, Enrique Ayala, en las páginas de presentación del documento, advierte ya que la defensa de los derechos humanos siempre supone enfrentar al poder y la autoridad, y que no puede ser aséptica ni imparcial, puesto que se halla del lado de las víctimas de las violaciones. La desmesurada reacción del Gobierno solo prueba que el Informe de la Andina puso el dedo en la llaga…