La organización enumera vulneraciones
El comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) llamó la atención a las autoridades la justicia y del gobierno, por lo que considera son abusos cometidos en contra de los enjuiciados y detenidos por el caso conocido como los diez de Luluncoto. Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, dijo que: "las acciones del Estado ecuatoriano en este caso han levantado firmes dudas en organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales sobre su legitimidad y, debido a su tratamiento hasta ahora, dejarÃan consecuencias en perjuicio de los derechos humanos y la democracia".
Esta entidad exige que el Estado respete los compromisos adquiridos por el Ecuador en materia de derechos humanos. Navarrete identificó una suma de violaciones a los detenidos en este caso, acusados de terrorismo por la fiscalÃa. "Desde que se ejecutó el operativo "Sol Rojo" por fuerzas de elite de la PolicÃa Nacional, el 3 de marzo del 2012, en el barrio de Luluncoto en Quito, se reconoce: la vulneración a la libertad de manifestación pacÃfica, libertad de expresión, derechos a la seguridad individual, derechos a la integridad fÃsica, libertad de asociación y filiación polÃtica, derecho de reunión, libertad de movimiento y a las garantÃas a un juicio justo, que incluye imparcialidad, presunción de inocencia y diligencia por parte de los administradores de justicia".
El 3 de marzo fueron detenidos 10 personas, siete hombres y tres mujeres. Una de ellas estuvo después con arresto domiciliario porque estaba embarazada. En diciembre, los siete hombres fueron liberados mediante un recurso de hábeas corpus, quedando detenidas únicamente las dos mujeres restantes, AbigaÃl Heras y Ana Cristina Campaña.
El CIDT dice que "esta conjunción de afectaciones derivó en la huelga de hambre de las personas en custodia desde el 7 de diciembre del 2012, en la liberación de siete personas el 21 de diciembre del 2012 y en la delicada situación de salud de dos huelguistas aún en custodia, Ana Cristina Campaña y Abigail Heras", dice el CDH. La huelga de hambre fue levantada hace dos dÃas, debido a la delicada situación de salud de las detenidas.
El CDH dice que las supuestas evidencias inculpatorias exhibidas en este caso por los funcionarios del gobierno, en defensa de la seguridad nacional, "no cubre ni aclaran las preocupaciones que crecen en la opinión pública. Las dilatadas acciones de los funcionarios de la administración de justicia frente a la huelga de hambre de las personas procesadas y a los reclamos de organizaciones sociales, no corresponden con las expectativas sobre la reestructuración judicial y el nuevo marco jurÃdico en el Ecuador".
También critican "el extendido e insistente uso de la figura de terrorismo en contra de activistas y dirigentes sociales, lo que es abiertamente anacrónico y expresa nuevamente la incapacidad del Estado para gobernar los efectos de sus polÃticas en la población".
Al final la organización de los Derechos Humanos exige que el gobierno y los jueces examinen lo hasta ahora actuado y respeten las garantÃas y derechos de los procesados. También se solidarizan con las actuales detenidas, Heras y Campaña. La audiencia de juzgamiento por este caso se desarrollará en la Corte Superior de Quito, el próximo 21 de enero. (MP)
Operativo sol rojo
El 3 de marzo pasado, la policÃa allanó una casa en el barrio Luluncoto, al sur de Quito. Allà detuvo a diez jóvenes que estaban reunidos.
La policÃa presentó como evidencias material escrito sobre la fabricación de bombas panfletarias y textos de izquierda.
La defensa dice que el allanamiento y detención se ejecutaron sin orden judicial y que estas se dictaron después, lo que es motivo de nulidad de todo el proceso.
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