Por Juan Falconi Puig
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Las leyes tienen límites territoriales en la frontera del país que las dicta. Sin embargo, en las relaciones internacionales excepcionalmente los países pueden aplicar leyes vigentes en otros para hechos que digan relación con terceros países o pueden también, en la colaboración internacional, reconocer resoluciones expedidas en país extranjero, sujetándose a los tratados internacionales cuando los hay; o, en su falta, cuando tales sentencias no contravienen la legislación interna y cumplen con las reglas del debido proceso, que son universales.
Todo eso, claro, independiente de las convenciones internacionales por las que se crean entes supranacionales y/o se expiden normas con el mismo carácter, que están por encima de la legislación interna, excepto la Constitución. Los tribunales de los Estados Unidos no tienen, pues, competencia para pronunciarse sobre soberanas leyes ecuatorianas y/o decisiones de sus órganos, incluyendo las de ejecutar o incautar bienes situados en Ecuador, sean o no de ecuatorianos.
Siendo esto así, es claro que entes oficiales y aún particulares pueden perseguir los bienes que un deudor pueda tener en el exterior y esto no quiere decir, menos en tratándose de entes públicos o del Estado, que se sometan a la jurisdicción extranjera, salvo y solo para los bienes que estén en esa jurisdicción; o los burlados convenios de extradición.
Lo contrario es un imposible jurídico y, así, que el Estado ecuatoriano o su Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se sometan en todo a la jurisdicción de Florida por perseguir allá bienes de sus deudores es, simplemente, un imposible jurídico, aún a pretexto de contrademanda, más política que jurídica, dirigida principalmente a insultar al presidente Rafael Correa y a particulares listos a intervenir en ese juicio, si a él fueren llamados.
Pero la batalla fue siempre mediática -ahora solo escrita, no en canal 10- ya sin la Comisión (Casei), encargada de la administración y venta de los bienes incautados, que nada hizo, en ese ámbito se prepara el terreno para justificar desistimientos o transacciones, a ojos vista ilegales, de los que seguramente el presidente de la República no está advertido.
De otro lado, la AGD, necesariamente tiene ahora que definirse ante el país y aclarar los remitidos en los principales diarios, so pena de que se pretenda interpretar como aceptación su silencio, o realmente constituya este el preámbulo de ulteriores decisiones que, en el conflicto de intereses, se adoptarían para favorecer los de los ex banqueros, no los intereses públicos, como corresponde y fue, dizque, la razón de su creación. Si se mantiene esa línea, como era antes de la gestión de Carlos Bravo, y la actitud de hacer pagar las quiebras a todos los ecuatorianos (la de Filanbanco sí era de todos antes de que asuma Correa) y, lo más grave, aupar los exorbitantes beneficios adicionales que de ellas han derivado, se estaría haciendo "cuentas de beato
con uñas de gato".
Hora GMT: 21/Agosto/2009 - 05:12
