Critican labor de la Fiscalía

Ex asambleístas constituyentes exigen esclarecer denuncia sobre irregular contratación de asesores y otras anomalías en Montecristi



Luego de que el asambleísta Andrés Páez (ID) hiciera público el informe de Contraloría DA1-0033-2008, en el que se pondría en evidencia el cometimiento de varias irregularidades en la Asamblea Constituyente de Montecristi, dominada por el movimiento gobiernista Alianza País (AP), varios ex miembros de ese ente cuestionan a la Fiscalía General por la falta de celeridad en las indagaciones sobre este caso, denunciado hace dos años.

"La mayor vergüenza es que ese informe fue entregado hace dos años a la Fiscalía, y no ha hecho nada", dijo León Roldós, ex asambleísta constituyente.

Para Roldós, la falta de acción del Poder Judicial obedece a compromisos de la Fiscalía con los grupos políticos que han sido involucrados en las supuestas irregularidades cometidas.

"La falta de resultados a dos años de haberse iniciado las investigaciones demuestra que las prioridades de la Fiscalía están sintonizadas con los intereses políticos", agregó León Roldós.

De su lado, Galo Borja, ex asambleísta constituyente por AP, dijo que el trabajo realizado por él y su grupo de asesores fue "eficiente" y aseguró que está con la conciencia tranquila. No obstante, instó a la Fiscalía y demás entes de control para que se pronuncien sobre el tema a fin de que "el trabajo patriótico hecho en Montecristi no sea cuestionado".

Mónica Chuji, quien representó a AP en Montecristi pero tomó luego distancia del oficialismo, especialmente por discrepancias en torno a la política minera del Régimen, recordó que la Constituyente funcionó con fondos tomados del Presupuesto del Estado, es decir, "del bolsillo de todos los ecuatorianos", por lo que exigió también un pronunciamiento de las autoridades de control para transparentar el manejo de esos fondos.

Según Andrés Páez, los supuestos malos manejos en la Constituyente habrían causado un perjuicio de $6 millones al Estado.

Páez hizo hincapié en varios aspectos del informe de Contraloría; uno, referente a un pago en exceso al IESS por $643 231 por parte de la Asamblea por concepto de aportes de asesores y asistentes administrativos de varios de sus legisladores.

En dicho informe, consta también el pago de un valor de $33 127 por concepto de movilización y vivienda de asesores y asistentes de asambleístas, así como de personal administrativo que vivía a distancias menores a 60 km, cuando lo que determinaba el reglamento de la Constituyente era que dicho pago procedía solo para funcionarios que vivieran a distancias superiores a 60 km a la redonda, en Ciudad Alfaro, como se denominó al sitio en el que se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente.

Otro hallazgo que consta en el informe de la Contraloría es que "existen servidores de la Asamblea que no cumplieron con las obligaciones tributarias", aunque no se detallan sus nombres.

Tampoco se señalan los responsables de las supuestas anomalías denunciadas. (PJV)

Alto gasto salarial, contratos sin autorización y más anomalías

El informe de Contraloría, hecho público este lunes por Andrés Páez, corresponde a una auditoría sobre la gestión de asesores de asambleístas de la Constituyente de Montecristi entre el 29 de noviembre de 2007 y el 5 de junio de 2008. En lo medular, el documento advierte que el 58% de los $36, 32 millones presupuestados para su funcionamiento, es decir, $21 millones, se destinó para gastos de personal. El informe señala además que el 50% de los asesores contratados no publicó su hoja de vida en la página web del organismo, lo cual era obligatorio. Se añade que la información que sí fue publicada estaba incompleta. Otra anomalía sería la falta de solicitud de contratación de un número sin determinar de asesores y el hecho de que los contratados no acreditaban tener título de tercer nivel, requisito fundamental para acceder a un cargo en la Asamblea. Del mismo modo, se advierte que hubo pago de remuneraciones para asesores, sin firma de aprobación.