Por Juan Falconi Puig
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La crisis no solo es económica porque desde tiempo atrás también ha sido, principalmente en nuestros países, judicial. En ella influye lo económico, sí, ya que los jueces de los primeros niveles no tienen la infraestructura ni reciben la remuneración para trabajar con decoro. Por ello el procesalista, Hernando Devis Echandia, decía que la Función Judicial es la Cenicienta de los presupuestos del Estado. El problema, que es endémico, no permite a los jueces fallar con serenidad y sabiduría sobre la libertad y el patrimonio de las personas, cuando no tienen resuelto su propio problema económico de los días siguientes. Esta es la una de las verdades, pues son algunas y eso ha hecho que la administración de justicia en Ecuador no sea ni confiable ni oportuna.
La objetividad es un mito, "las más de las veces una coartada, útil para los procedimientos, para el trazo grueso, pero no lo es para las decisiones fundamentales" dice el español José T. Martínez. Y el problema no es solo latinoamericano: pocos días atrás ocurrió en España la primera huelga judicial en su historia. Los jueces del reino reclaman modernización de la administración de justicia, culpando al Consejo del Poder Judicial, pero se cuidan de no reconocer su responsabilidad porque ellos no son empleados comunes y deben tener la iniciativa para resolver los problemas que aquejan esa función del Estado que es monopólica en el servicio de justicia. Y si referido a España dijo Quevedo "Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón" qué podríamos decir nosotros con jueces que ni siquiera piensan que son parte del servicio público de justicia.
Una de las verdades es que, para dar solución estos problemas se estructuró casi en todas partes el Consejo de la Judicatura o de la Magistratura, en nuestro medio antes- tan contaminado como los funcionarios que debe fiscalizar y sancionar cuando amerita.
Este es uno de los retos que tiene su actual presidente, Xavier Arosemena, que ciertamente lo ha emprendido, tratando de convertir al órgano en lo que debió ser desde el principio: ente administrador, controlador y modernizador de la judicatura en general.
Estos males llevaron a la última Asamblea Constituyente a intentar una nueva reorganización judicial que supere las aberraciones, que no se quede solo en el cambio de nombres, en mera nomenclatura. Por ello la resistencia de algunos, entendido que si bien nada es perfecto, hay que empezar en algún momento por algún lado, pero también tomando en cuenta la experiencia desde el lado de los justiciables.
En ese proceso hubo de designarse al máximo tribunal de transición, ahora denominado Corte Nacional de Justicia, el mismo que tiene una grave misión o rol que cumplir puesto que de sus actuaciones dependerá, en buena parte, que se supere la crisis judicial y se sienten las bases para la designación de los nuevos jueces que se hará después de pocos meses.
Hora GMT: 27/Febrero/2009 - 05:10
