Crisis de la justicia

Por Juan Falconí Puig

La Corte Suprema de Justicia fue designada con base en la ley de mayo de 2005 (R.O. N.º 26-5-2005), que no fue suficiente, puesto que para su conformación debió reformarse la Constitución. Además, para escoger a los jueces se contempló un reglamento que no entró en vigencia porque no se publicó en el Registro Oficial y por ello, en un artículo publicado en esa época, decía que, si en algo se podría legitimar, sería solo por sus actuaciones. Lejos de ello, la Corte ha sido cuestionada e inclusive autodepurada, separando en este lapso al 20% de sus miembros.

El Derecho perece más por la corrupción que por la violencia, decía Lacordaire; y que para ser imparcial hay que tener mucho dinero en el bolsillo, agregaba el Príncipe de Ligne. Viene esto a colación por lo previsto en el proyecto de Constitución que se votará el 28 de septiembre, cambios sustanciales en lo judicial: que los funcionarios deberán someterse a un concurso de oposición y méritos para ejercer la carrera judicial; una Corte Nacional de Justicia y una Corte Constitucional, por Ej.

Y no es solo cuestión de nomenclatura, pues la Corte Constitucional será un ente máximo de control, interpretación constitucional y administración de justicia mientras la Corte Nacional de Justicia ya no sería la última instancia. Los jueces ya no administrarán justicia en el nombre de la República, sino por cuenta de la ciudadanía. El sistema procesal será un medio para la realización de justicia, como también lo prevé la Constitución actual (no para llenar las alforjas de los jueces al servicio de los banqueros ladrones) manteniendo los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesales, que harán efectivas las garantías del debido proceso, a que tienen derecho los justiciables, burladas todas por esos prófugos de la justicia que, no obstante la extradición pedida, viven como reyezuelos en Miami.

Como hoy se prevé también, los jueces serán responsables por el retardo, negligencia y denegación de justicia o el quebrantamiento de la ley (Art. 172 del proyecto), pero tal responsabilidad solo podrá ser efectiva cuando existan jueces probos con la entereza moral e intelectual de sancionar a sus colegas y subalternos que no aplicaren estos principios.

Cierto que esto es imposible bajo el esquema actual del "toma y daca" que impera en una administración de justicia que solapa a quienes violan la independencia de los jueces, dándoles instrucciones para que fallen. El pueblo necesita justicia y es imposible, como sostenía Azcárate, que pueda vivir con tribunales que no la administren bien y pronto. De ahí que, con solo remover de la Corte Suprema a los jueces al servicio de la "mafia Isaías" se justifica la Corte Constitucional y cualquier otra reforma para superar la crisis de la justicia.

jfp@hoy.com.ec

Hora GMT: 12/Septiembre/2008 - 05:08