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El 12 de mayo pasado, el Comité de Consultoría abrió los sobres de las ofertas para la fiscalización del Cuarto Puente
El monto original era de $79 943 731,01; por los problemas subió a $144 269 771, 17
El contrato para la construcción del puente Carlos Pérez Perasso (CPP) y de readecuación del Rafael Mendoza Avilés (RMA) incrementó el valor del contrato con la compañía Andrade Gutiérrez en $61 985 118,63.
Esa cifra, sumada a otros rubros, subió el monto original de $79 943 731,01 a $144 269 771,17. Esto es casi el doble del valor convenido en junio de 2002 (ver cuadro de la nota inferior).
En su informe, la Contraloría detalló paso a paso cómo se dio el incremento.
Para empezar, la Asociación Catge subestimó la cantidad del rubro acero de pre esfuerzo, al hacer constar en su estudio 80 000 kilogramos (kg.) cuando debía haber constado alrededor de 880 000 kg. Por esto, el monto del contrato aumentó en $9 592 975.
Además, por los cambios dispuestos en la metodología de construcción de pilotes de 2,50 metros de diámetro se registró un incremento de $16 559 869,79 en el costo de la obra.
Luego, por el rediseño del intercambiador La Puntilla, el aumento fue de $1 399 699,39. Esta fue una obra imprevista, detectada durante la ejecución de la obra, que debió haber sido resuelta por la fiscalización, según la Contraloría.
Otro aumento, por un valor de $7 810 824,58, se produjo por la realización de trabajos adicionales en los diafragmas, losa central, capa de rodadura y retrofit en las zapatas del puente Rafael Mendoza Avilés.
El 10 de agosto de 2005 se firmó un convenio de pago entre el MOP y la compañía Andrade Gutiérrez por $6 007 017,54, para cancelar trabajos adicionales ejecutados sin respaldo contractual, en la readecuación del puente RMA y la construcción del Carlos Pérez Perasso.
Asimismo, la reubicación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y electricidad, no estipulados en el contrato, requirió de una inversión adicional de $2 626 041,85.
Mientras, para las medidas de compensación y mitigación de impactos ambientales, no previstas en el estudio de impactos ambientales ni en el contrato, fue necesario realizar una inversión de $7 595 546,57.
En tanto, la realización de estudios adicionales requirió de una inversión no prevista por la suma de $6 587 808,53.
Para finalizar, los trabajos para terminar la obra y no previstos en el contrato requirieron de una inversión adicional de $9 812 352,92. (AA/VG)
Contraloría observa a compañías y al MOP
El Ministerio hizo la licitación sin los estudios y los diseños concluidos
Además de las responsabilidades de las Asociaciones Cat y Catge, la Contraloría observó al Ministerio de Obras Públicas.
El MOP realizó la licitación sin contar con estudios y diseños debidamente concluidos, aprobados y fiscalizados por la entidad, se indica en uno de los comentarios del informe.
La Asociación Cat, que diseñó e hizo los estudios de ingeniería, impacto ambiental y técnico-económico, estuvo conformada por Consulsísmica, Asesoría y Estudios Técnicos y T.Y. Lin International, representadas por Otón Lara Montiel, Jaime Pesántez y Otón Lara Pincay, respectivamente. La representación legal de la Asociación la ejerció Pesántez.
La Asociación Catge, que hizo la fiscalización, fue conformada por Consulsísmica, Asesoría y Estudios Técnicos, T.Y. Lin International y Geomatrix (representada por Otón Lara Pincay). El procurador común fue Jaime Pesántez. (AA/VG)
Los valores de las glosas son 'secretos'
El procurador de las Asociaciones dijo que se han presentado apelaciones
El monto de las glosas impuestas a las compañías que participaron en el diseño y fiscalización de la readecuación del puente Rafael Mendoza Avilés y del puente sobre el río Daule, Carlos Pérez Perasso, es un secreto.
Durante tres semanas, BLANCO Y NEGRO hizo gestiones para conocer el estado de las glosas y, cuando estuvo a punto de obtener la información, en la Contraloría dijeron que el contralor Carlos Pólit estaba de viaje y que el subcontralor no estaba autorizado para darla. Extraoficialmente se supo que las multas existen y que, entre diciembre de 2007 y enero de 2008, se notificó a los involucrados.
La Contraloría tiene un plazo de dos a tres meses para confirmar o levantar las responsabilidades establecidas en el informe de 2005.
Este suplemento intentó conversar con el representante de Consulsísmica, Otón Lara, pero él nos remitió al procurador común de Cat y Catge, Jaime Pesántez, quien confirmó la existencia de las glosas e indicó que las asociaciones han presentado las apelaciones correspondientes.
Asimismo, enviamos un correo electrónico al representante de la consultora Vera & Asociados (presentó una oferta para la fiscalización del Cuarto Puente con asesoría y estudios técnicos), Francisco Vera, quien no respondió, aunque nos anticipó telefónicamente que no podría decir mayor cosa por un acuerdo de confidencialidad con el MTOP. (SR)
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