Por José Samaniego Ponce
No es fácil ser entendido cuando algunos economistas cuestionamos las implicaciones del reciente proceso de canje de los bonos de la deuda externa conocidos como Global 2012 y Global 2030. No es fácil porque los fríos números arrojan resultados financieros provechosos para la república en el corto plazo. Si la perspectiva de análisis es esa, la inmediatista, el proceso tiene bondades evidentes. En números redondos, el país reduce de sus cuentas externas un pasivo por $2 600 millones, utilizando $850 millones de sus reservas internacionales y logrando un descuento que bordea el 70%. Esto disminuye el endeudamiento y, en teoría, permitiría al país aumentar su capacidad de pago para contraer nuevas deudas, lo cual de hecho ya provocó un mejoramiento en la calificación crediticia internacional del país de un "Selective Default" a un CCC+. En 2009, el costo de este proceso genera un gasto adicional en las cuentas fiscales, pero a partir del próximo año el ahorro equivale al gasto por amortización de la deuda que el país tenía que incurrir anualmente hasta 2030 en valores actuales.
Pablo Lucio Paredes, Abelardo Pachano y otros han observado que en el largo plazo el proceso no necesariamente es beneficioso para el país, porque no es seguro que la comunidad financiera internacional aumente las líneas de crédito al Ecuador, que los organismos internacionales amplíen los desembolsos, que exista una apertura voluntaria y masiva de fuentes de financiamiento y que el país pueda optar por recursos menos costosos para financiar su desarrollo.
La forma como el Gobierno fue armando este proceso fue oscura, poco transparente, violó normas y contratos internacionales suscritos por la república y perforó las buenas prácticas internacionales del mercado financiero. Desde el primer año del Gobierno, el equipo económico inicialmente encabezado por Ricardo Patiño realizó un manejo poco claro de los pagos de intereses que periódicamente realizaba el país, acogiéndose al período de mora técnica en medio de declaraciones contrarias a la deuda y los acreedores, pero finalmente cumpliendo las obligaciones (recuerden el escándalo de los "pativideos"). Después se creó una cuestionada comisión de investigación que luego de un estudio con muy poco sustento técnico, que no cumplió los supuestos mínimos de un "debido proceso" y con un tinte político claramente antiimperialista, declaró ilegítimos los acuerdos que originaron la emisión de los bonos 2012 y 2030. Acto seguido, el Gobierno declaró la moratoria de estos tramos de la deuda, lo cual provocó una reducción abrupta de su precio en el mercado internacional que, según dicen fuentes no oficiales, fue aprovechado por el Gobierno para recomprar una parte de ella. Luego vino la propuesta de subasta cuyos resultados son conocidos. En este proceso, existen muchos perjudicados que forman parte de la comunidad financiera nacional e internacional, ciudadanos, fondos de inversión y fondos de pensiones que no van a perdonar muy fácilmente la "viveza" del Gobierno. En definitiva menos fuentes de financiamiento y más costosas será la herencia para las futuras generaciones.
samaniego@hoy.com.ec
Hora GMT: 17/Junio/2009 - 05:13
