Por Luis Villacrés Smith
Que se diga ahora que no fue la intención, que no se percataron que se estaba creando un vacío, dejando en acefalía o causando un daño irreversible a la administración de justicia, son afirmaciones tan equivocadas como el mismo acto de haber causado tan irreparable mal y cesado en forma arbitraria, abrupta a la Corte Suprema de Justicia, innecesaria e irresponsablemente.
Son explicaciones que nadie cree y menos acepta. La vergüenza mayor, todo por la insistencia de un invasor de tierras, en su afán de alcanzar impunidad en más de una decena de causas penales.
Poco favor a sí mismo, resulta la disculpa del presidente de la República, al afirmar que él lo advirtió, que no había necesidad de reorganizar o reducir la Corte Suprema, que los asambleístas lo hicieron contra su voluntad. Durante meses, él organizó y decidió personalmente el trabajo de la Asamblea y sus asesores arreglaron, editaron y acomodaron textos, hasta último momento, incluso los puntos y comas de la nueva Constitución.
Ahora se pretende acusar a los magistrados de la Corte Suprema, de ser los responsables por no haber aceptado el sorteo. Nadie quiere reconocer que hicieron mal, que se equivocaron e improvisaron, que no procedieron ni siquiera con un mínimo de técnica legal o coherencia en sus propias decisiones. Hoy no existe ninguna de las dos, ni Corte Suprema ni Corte Nacional, tampoco ley que regule su funcionamiento.
Por el interés de ser ellos, el Gobierno actual, los que nombren todos los jueces, al igual que antes, los nuevos dueños del país también quisieron disponer de la conveniencia de disponer de jueces propios, nombrados a dedo, tal como lo están haciendo en los otros nuevos organismos del Estado y lo harán en la elaboración de las listas, para elegir los miembros de la futura Asamblea Nacional. En definitiva, nada habrá cambiado, ni siquiera los sueldos de los diputados, que hoy son superiores a antes, solo los protagonistas y beneficiarios del poder.
En el artículo 21 de la transición institucional, debieron haber previsto que los períodos de los magistrados de la anterior Corte Suprema de Justicia, continuaban vigentes hasta que entrare en vigencia la nueva ley que regule la conformación y funcionamiento de la Corte Nacional y de que se realicen sus respectivos nombramientos.
Si la intención era especializar o mejorar la administración de justicia, disminuyendo el número de magistrados, se le debió haber dado plazo al mismo organismo, manteniendo el principio de cooptación. No había necesidad de degradar la Corte Suprema o haberle creado una instancia superior. Por el contrario, se le debió haber añadido la Sala Constitucional, sin crear la nueva Corte Constitucional, reglamentando los alcances y límites de los recursos de amparo, para evitar el abuso que ha existido en ese sentido. La cooptación como mecanismo de designación, era y sigue siendo el más idóneo para evitar se politice, se sacrifique o se postergue la administración de justicia.
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Hora GMT: 13/Noviembre/2008 - 05:05
