La principal crítica de ciertos sectores radicales a la forma en que se han manejado algunos municipios se basa en una supuesta privatización de la gestión municipal, mediante la figura de las corporaciones. Esta crítica no repara en que, aunque respondan a la lógica del sector privado y sean el resultado de un intento por llenar vacíos institucionales y organizacionales en materia de facultades y competencias, la conformación y funcionamiento de esas organizaciones depende enteramente de cada municipio.
A inicios de los años noventa, ya se reconocía la incapacidad del Gobierno como único proveedor de servicios, y se planteaba una forma de gestión más dinámica, que no tenga recelo a la colaboración con el sector privado y que no mire a los ciudadanos como receptores pasivos de los servicios gubernamentales, sino como sujetos con iniciativa propia y capacidad de autogestión y a los gobiernos como facilitadores.
La evolución en las tendencias de Gobierno ha estrechado la colaboración con el sector privado y reconoce que la autonomía local es la manera más eficiente de asegurar la provisión de servicios. En un esquema en el cual el Gobierno no necesariamente es el proveedor directo de esos servicios, las municipalidades han encontrado una solución eficaz: la constitución de corporaciones de derecho privado que suplan las falencias del sector público. Los quiteños podemos dar cuenta de cómo estas organizaciones se han impuesto por sobre sus contrapartes, que aún actúan según la lógica del sector público, atadas a los obstáculos legales y operativos que aquello supone.
Sin embargo, el éxito que ha tenido esta figura en la administración municipal ha generado nerviosismo en sectores tradicionalmente más identificados con la retórica política que con los resultados en la gestión pública. Infortunadamente, en el tira y afloja ideológico, que será dirimido por la mayoría oficialista al interior de la Asamblea Constituyente, no se cuestiona la situación anterior ni se intenta explicar las razones que llevaron a los municipios a utilizar la figura de las corporaciones de derecho privado. Se toma a las corporaciones municipales como el problema y no como lo que son: una consecuencia de la ineficiencia del Estado y de las trabas impuestas a los municipios, obstaculizando su labor.
En el afán de revertir al Estado los espacios que habían sido privatizados durante la noche neoliberal, la Asamblea eliminaría las alternativas al Estado burocrático. Principalmente, la autonomía administrativa y, con ella, los importantes resultados y beneficios que los ciudadanos perciben gracias a la mejorada gestión.
La reforma del Estado precisa una visión estratégica que no borre ciegamente todo lo que no se ajusta al dogma presidencial y que en cambio explore las verdaderas razones que han llevado al sector público a apoyarse en figuras poco ortodoxas para llevar a cabo una gestión más eficiente. Aprender las lecciones de las buenas prácticas anteriores e incorporarlas al nuevo proyecto nacional sería un paso firme hacia la articulación de la retórica revolucionaria con la realidad.
Hora GMT: 15/Marzo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Jaime Izurieta Varea
