Por Andrés Cárdenas Matute
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"No me tiembla la mano" o "Pediré la cuarta infracción" son frases que se le podrían atribuir a un monarca, única fuente de derecho de su reino, que busca reprender a sus súbditos. Es verdad, Fernando Alvarado dijo que el presidente Correa no conoce bien las normas y que Teleamazonas no puede ser clausurado, lo que nos debería dar tranquilidad. Pero resulta que la ley es una hoja impresa que, en comunidades que carecen de una correcta distribución de poderes y organismos de control, puede cambiarse con un par de llamadas por teléfono. Incluso esa molestia resulta innecesaria; es sabido que el presidente Correa puede hacer y deshacer a su antojo, llenándose la boca de estadísticas de popularidad, la falsa herramienta de legitimidad tan utilizada estos tiempos.
Con este paisaje en el Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumple 50 años, por lo que sus miembros se encuentran en Chile, país que la albergó en su nacimiento. En una charla, Paolo Carozza, miembro y ex presidente de la comisión, resumió el trabajo de este organismo desde su creación y los planes a futuro.
Entre los retos que enfrenta la CIDH, señaló con preocupación a países que usan la democracia para hacerse con el poder, pero después no actúan a favor de ella. "Es un desafío que no sé cómo se va a resolver. Hemos tomado una posición muy dura con ellos, pero, tengo que admitir, no muy efectiva. Hay muchos lugares donde se quiere usar la democracia en contra de sí misma", dijo Carozza. Y lo que es más grave: "Hay Cortes Constitucionales en Latinoamérica donde hay una oposición de mala fe a la Convención Interamericana de DDHH", señaló.
La CIDH ha hecho lo suyo: en el informe de 2008 advierte que "las nuevas normas constitucionales podrían ser interpretadas de manera tal que otorguen a los poderes públicos amplias facultades de intervención sobre el ejercicio de la libertad de expresión". En el documento, la Relatoría Especial de la CIDH también manifiesta su preocupación por tres agresiones a periodistas, dos periodistas condenados a prisión por el delito de injuria contra funcionarios públicos, declaraciones amedrentadoras del presidente de la República y de altos mandos del Gobierno contra medios de comunicación, procedimientos administrativos (incautaciones) que podrían tener impacto sobre la libertad de expresión, llamados de atención a conductores de programas televisivos y el cierre de una radio en Santa Elena.
¿Es Ecuador uno de esos países que se oponen de mala fe a la actuación de la CIDH? ¿Importan en nuestro país los derechos fundamentales y la libertad de expresión? ¿Tenemos quién los garantice? No estoy seguro de que Fernando Alvarado, las leyes, la CIDH o el sentido común puedan contra la voluntad de quien es "ejecutivo" de sus intereses.
Estudiante universitario, invitado de HOY
Hora GMT: 06/Septiembre/2009 - 05:05
