Por Enrique Valle Andrade
Con fecha 22 de enero del presente año, el abogado León Roldós Aguilera ha dirigido una carta al contralmirante Allan Molestina, comandante general de la Fuerza Naval, en la cual, con claros y enérgicos términos, demanda que la dicha Fuerza revise su presencia en Petroecuador y que no se confunda disciplina militar con subordinación para ilícitos. Duros son sus cuestionamientos a la licitud de esa presencia como a la suscripción del contrato con Ivanhoe Energy Ecuador Inc., que ha motivado su denuncia del 21 de enero ante el ministro fiscal general.
Estima Roldós que, merced a una "picardía jurídica", se ha mantenido la presencia de la Armada en Petroecuador. La viveza consistiría en mantener una situación de excepción que, según la Constitución actual, solo puede durar 60 días y que, si las causas persisten, solo puede renovarse por otros 30; luego de eso, ya no caben renovaciones que sí permitía la Constitución anterior. En el caso criticado, al dictarse el Decreto 1544 del 20 de enero, que ordena el estado de excepción que autoriza a la Fuerza Naval intervenir en Petroecuador, se estaría creando algo así como un nuevo estado de excepción, distinto al anterior, para sortear el impedimento de la renovación .
También formula serias objeciones al contrato suscrito el 8 de octubre de 2008 con Ivanhoe, que se sintetizan así: 1. Se le dio prioridad al contrato sobre las leyes vigentes, algo prohibido por la Constitución de 1998, y al sujetarse al arbitraje internacional también se violó esa Carta.
2. El contrato firmado no es solo de servicios específicos para mejorar el crudo pesado, también incluye la "obligación" de explotar crudos livianos, algo que nada tiene que ver con la tecnología especial de Ivanhoe para mejorar crudos pesados. 3. Impugna la afirmación de que el contrato en mención fue autorizado por el Comité de Contrataciones de Petroproducción, pues hay constancia de que solo contó con los votos favorables del presidente ejecutivo de Petroecuador y del vicepresidente de Petroproducción (los proponentes del contrato) y no tuvo el voto favorable del señor José Luis González, delegado del Directorio. Si no hubo mayoría absoluta, que es la mitad más uno, no cabría hablar de aprobación. 4. Al haber pactado que el contrato era de cuantía indeterminada, se logró que la Contraloría General del Estado y la Procuraduría se hayan abstenido de emitir pronunciamientos y quedó vía libre para firmar un contrato inconstitucional e ilegal. 5. No es cierto que todo el riesgo de la inversión lo asuma Ivanhoe, pues si se incrementan los costos, gastos e inversiones, serán recuperados por la contratista a través de un contrato complementario.
Incómoda situación en la que se encuentran el comandante de la Fuerza Naval y el ministro fiscal. El planteamiento de Roldós los ha puesto contra la pared. Veamos cómo responden.
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Hora GMT: 28/Enero/2009 - 05:07
