Vladimiro álvarez Grau

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En estos días, entre otros, se discute el proyecto de Código Orgánico Integral Penal cuyo texto contiene un total de 812 artículos, más cinco disposiciones generales, 18 disposiciones transitorias, 19 disposiciones reformatorias (que contienen infinidad de artículos modificados), y 61 disposiciones derogatorias, más una disposición final.

Algunos piensan que con esa compleja legislación se combatirá efectivamente la delincuencia, considerada como uno de los mayores problemas que aqueja a la sociedad ecuatoriana. El combate a la delincuencia debe hacerse mediante programas permanentes de acción en siete áreas fundamentales: 1) En la prevención, mediante la solución a los problemas y causas sociales que llevan a la delincuencia; así como en acciones de inteligencia previa; 2) En la disuasión a los delincuentes antes de que cometan sus fechorías; 3) En la represión (captura o sometimiento) a los delincuentes, durante o después de cometer una infracción; 4) En la indagación fiscal y de la Policía Judicial; 5) En el juzgamiento (investigación y establecimiento de responsables) de delitos; 6) En el sistema penitenciario; y, 7) En la legislación penal (sustantiva y procesal).

Para prevenir los delitos, hay que evitar las causas sociales de la delincuencia, deben desplegarse programas que estimulen la inversión y generen puestos de trabajo, además de programas de educación en valores, y de responsabilidad y solidaridad comunitaria, además de reforzar la capacitación y equipamiento de la Policía Nacional tanto en materia de inteligencia, así como mediante una presencia de la Policía en operaciones disuasivas contra delitos en proceso de planificación o ejecución.

En cuanto a la disuasión y represión debe reforzarse la capacidad operativa de la Policía, aumentando el número de sus miembros, su capacitación técnica, profesional y moral y, por supuesto, sus recursos económicos y equipos especializados. De nada sirve todo lo anterior si luego los fiscales y jueces, en los procesos de investigación y juzgamiento no cumplen a conciencia su deber, con firmeza, responsabilidad y sin someterse a intimidaciones, ni tentaciones. El sistema penitenciario debe cumplir su función de mantener fuera de la sociedad a los condenados por el tiempo que la Ley y la Justicia lo determinen, encargándose de rehabilitarlos.

La legislación debe sancionar en forma ejemplar delitos y contravenciones, sin hipócritas contemplaciones, y establecer procedimientos ágiles y eficaces que garanticen los derechos humanos, sobre todo, de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Con una sola de esas acciones no se podrá lograr el objetivo, sino que en forma integral, hay que luchar… contra la delincuencia.