Ecuador y Venezuela no han suscrito la Declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa y de expresión
En junio del año pasado, en una de sus cadenas sabatinas, el presidente Rafael Correa dijo que suscribiría la Declaración de Chapultepec si los medios de comunicación respetan los derechos laborales de sus trabajadores y cumplen con sus obligaciones patronales. Desde ese entonces, el presidente casi no se ha referido al tema y el Ecuador, al igual que Venezuela, aún no ha suscrito la Declaración de Chapultepec, firmada por la mayoría de gobiernos de la región.
La declaración contiene 10 principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en la democracia. Ha sido suscrita y endosada por jefes de Estado, prominentes líderes, ciudadanos y organizaciones, tanto del norte como del sur.
La nueva Constitución del Ecuador, que se someterá a referendo el 28 de septiembre, contradice en varios puntos lo que establece la Declaración.
Por ejemplo, varios sectores vinculados a los medios privados han reclamado sobre el Artículo 408 que define al espectro radioeléctrico entre recursos de propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible del Estado y fija un reparto en igual proporción con el Estado de las ganancias que se obtengan de su aprovechamiento.
Aunque el Gobierno ha admitido un error y ha señalado que no pretende reclamar esa distribución (50%-50%), hay dudas de que el tema sea solo un problema semántico.
La Declaración de Chapultepec señala que la libertad de prensa y la libertad de expresión no son una concesión de las autoridades sino un derecho del pueblo. Pero la creación de un sistema nacional de comunicación como organismo rector en ese campo levantó polémica en la Asamblea Constituyente.
La libertad de expresión, con señales rojas
Si bien en la parte declarativa de los derechos y las garantías la Constitución de Montecirsti consagra el respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, tiene normas que podrían vulnerar los principios de la Declaración de Chapultepec y tratados internacionales de derechos humanos.En la presentación general de los 10 principios de Chapultepec se evoca que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad, además de que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
Nicolás Vega y Henry Llanes, representantes de gremios de televisión y de radio, alertan de los riesgos que pueden suponer para esos principios la aplicación de normas que establecen la prevalencia del Estado en ciertas áreas.
Eje estratégico preocupa
Varios sectores vinculados a los medios privados han reclamado sobre el Artículo 408 que define al espectro radioeléctrico entre recursos de propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible del Estado y fija un reparto en igual proporción con el Estado de las ganancias que se obtengan de su aprovechamiento.
Aunque el Gobierno ha admitido un error y ha señalado que no pretende reclamar esa distribución (50%-50%), hay dudas de que el tema sea solo un problema semántico.
Henry Llanes, directivo de Asomavisión, señala que hay un conjunto de normas que apuntarían en la línea del control del espectro radioeléctrico para ejercer influencia mediática de la sociedad, a partir del control de la administración, gestión y participación en los medios.
Agrega que los artículos 313, 314 y 315 desarrollan el concepto de sectores estratégicos, en los que el Estado tendrá manejo exclusivo a través de empresas públicas o de participación mayoritaria en empresas de economía mixta.
El Art. 313 señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, a los cuales se define como aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social y política.
Según Llanes, con ello el Estado y los gobiernos de turno controlarían el espectro radioeléctrico e informarían lo que les conviene, con lo cual se estaría violando el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la libertad de pensamiento y de expresión.
Vega advierte que con esas normas se estaría propiciando un monopolio del espectro redioleléctrico, más cuando ese es un bien común a todos los ciudadanos y, por tanto, no susceptible de apropiación.
Ese análisis no incluye a los medios públicos que controla actualmente el Gobierno, entre ellos Tevecuador, Radio Nacional y El Telégrafo.
La imposición "ronda"
La Declaración de Chapultepec señala que el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión no son una concesión de las autoridades sino un derecho inalienable del pueblo.
También sostiene que toda persona tiene derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, además que señala la obligación de las autoridades para poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público y que la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos.
Política la fija el Estado
La creación de un sistema nacional de comunicación como organismo rector en ese campo levantó polémica en la Asamblea Constituyente.
La iniciativa creó resistencia en el propio bloque de AP. Solo en la última semana se aceptó incluir la figura pero con salvedades. Así, el sistema se limitó a las instituciones y actores de carácter público, a las políticas y la normativa, mientras se consagró solo la adhesión voluntaria de los actores privados, ciudadanos y comunitarios.
El Art. 384 señala que el sistema asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. Agrega que el Estado formulará la política pública de comunicación con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El articulado fue preparado por la Mesa 7 de Régimen de Desarrollo, pero no tuvo el respaldo absoluto de la bancada oficialista. En la votación se abstuvo el asambleísta y radiodifusor Francisco Velasco. En el debate sobre la comunicación este se mostró siempre en contra de cualquier forma de restricción de la libertad de expresión.
Ante todos estos elementos, Vega concluye que el país va a entrar en este campo en una nueva etapa y un nuevo modelo, "bastante más rígidos que los de hoy". (LB)
Ecuador y Venezuela no han firmado la Declaración
Correa ha dicho que no suscribe el acuerdo por los bajos salarios de los empleados de los medios de comunicación y la utilización del sistema de tercerizaciónEn junio del año pasado, en una de sus cadenas sabatinas, el presidente Rafael Correa dijo que suscribiría la Declaración de Chapultepec si los medios de comunicación respetan los derechos laborales de sus trabajadores y cumplen con sus obligaciones patronales. Desde ese entonces, el presidente casi no se ha referido al tema y el Ecuador, al igual que Venezuela, aún no ha suscrito la
El anterior Gobierno, del presidente Alfredo Palacio, suscribió la Declaración el 19 de marzo de 2006, en el marco de la inauguración de la reunión de mediados de ese año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La Declaración de Chapultepec, decálogo sobre los principios fundamentales para ejercer la libertad de prensa y expresión, se acordó en México y rige desde 1994.
Otro Gobierno de la región que tampoco ha firmado la Declaración es el venezolano, Hugo Chávez. El argumento que ha utilizado el Gobierno de Chávez ha sido que "nos regimos por la Constitución Nacional".
En este sentido, el Régimen ha calificado de hipócritas a los dueños de los medios de comunicación privados al decir que "ellos en su propia casa irrespetan la libertad de expresión de sus propios empleados".
En ese sentido ha acusado a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de ser un club de propietarios que hoy ataca a Venezuela una vez más, pero con socios en nuestro país que son acusados por periodistas.
