El concurso público para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació ilegítimo y vulnera los derechos de acceso a la información pública y privada. Así lo denunciaron hoy dos de los aspirantes a integrar esta nueva función del Estado. Ellos, el viernes pasado, dimitieron a una eventual postulación.
Pablo Sarzosa y Catalina Carpio, dos de los 24 mejores puntuados, advirtieron inconsistencias y violaciones al principio de seguridad jurídica, y violaciones constitucionales como el derecho a la igualdad.
Por ello, Carpio anunció hoy el inicio de acciones legales en contra del proceso ante la Defensoría del Pueblo. Además , solicitarán al fiscal general del Estado, Washington Pesántez, que investigue las presuntas infracciones que se pudieron haber cometido dentro del procedimiento. Los pedidos de indagación también se extenderán al ministro de Justicia, Gustavo Jalkh.
Las integrantes de la Comisión: Betty Tola y Alexandra Ocles tienen la obligación ética y legal de responder por presuntas irregularidades, dijo Carpio.
Agregó que aunque la Comisión cuestiona el tema de las veedurías casa adentro, hay un montón de irregularidades que el presidente de la Comisión de Legislación, Fernando Cordero, tampoco ha investigado. (SC)
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Hora GMT: 20/Enero/2009 - 02:12
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