Congreso declara política de Estado acciones de Ecuador en pleito con Oxy

El Congreso ecuatoriano elevó a política de Estado las acciones que promueve Ecuador en un pleito con la petrolera estadounidense Oxy, en el marco del cual el país fue condenado a pagar 2.300 millones de dólares, informó este miércoles el Legislativo.

Con el apoyo de 88 diputados de un total de 124 la Asamblea declaró como política estatal la acción que impulsa Ecuador "en defensa de sus intereses (...) y el reclamo de la nulidad del laudo emitido el pasado 5 de octubre", señaló la institución en un comunicado.

Ese día, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -adscrito al Banco Mundial- decidió que Ecuador deberá pagar a Oxy 1.770 millones de dólares más intereses, en el marco de un arbitraje planteado por la empresa luego de que en 2006 fuera declarada la caducidad de su contrato en el país.

Oxy extraía entonces unos 100.000 barriles diarios de crudo en la Amazonía.

Quito, que asegura que el monto total de la indemnización es de 2.300 millones de dólares, pidió la nulidad del fallo y el 11 de octubre el Ciadi suspendió temporalmente su ejecución.

La Asamblea anunció que convocará a todas las funciones del Estado y a los ciudadanos a "mantenerse unidos y movilizados por encima de cualquier interés político o corporativo para evitar por los medios legítimos que se consume esta amenaza a la dignidad y soberanía nacional".

También señaló que "la caducidad se dictó en estricto cumplimiento de la ley y el contrato", lo cual, a su juicio, desconoce el laudo, y llamó a los países de la región a pronunciarse contra esta decisión que "sentaría precedentes nefastos".

Varios partidos opositores se abstuvieron de apoyar la resolución, impulsada por el oficialismo de izquierda.

El 17 de mayo de 2006, un día después de que se declara la caducidad, la multinacional planteó la querella por 3.370 millones de dólares alegando que Quito violó un tratado bilateral de inversiones con Estados Unidos.

Oxy fue condenada por la venta sin autorización de Ecuador del 40% de sus acciones a la canadiense Encana en agosto de 2000, tras lo cual los activos de la petrolera pasaron a control estatal. (AFP)

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