El proyecto entraría a segundo debate del Pleno de la Asamblea en alrededor de 15 días
El primero es la apertura que pueda haber en Acuerdo País para introducir en segundo debate las sugerencias realizadas el jueves dentro del primer debate en el Pleno. El segundo es que el oficialismo insista en los términos en que fue discutido el articulado y solo aplique cambios de forma.
En favor del primer escenario, hay indicios de que pueda darse una aguda discusión interna en el movimiento del Gobierno, dadas las puntualizaciones de fondo realizadas por varios asambleístas de la bancada hacia el articulado. Por eso, hoy se habla de los matices de AP en comunicación.
Los puntos neurálgicos tienen que ver con los artículos que se refieren a los controles. María Paula Romo, vicepresidenta de la Mesa 10, de Legislación, y militante del movimiento Ruptura de los 25, sugirió a sus colegas no hablar de regulaciones mas no de control.
Esa observación general fue acompañada de algunas puntualizaciones en temas específicos, como la de no restringir a las telecomunicaciones, como un artículo, la capacidad del Estado de crear o suprimir servicios públicos por razones de interés público o social. Su criterio es que esa norma se integre en el capítulo de servicios públicos. Y, aunque parezca un aspecto formal, también pidió que se reflexione sobre el alcance del control social de los medios, pues este podría dar a entender que se trata de un control estatal. El planteamiento es que se construya el concepto de un control ciudadano.
La asambleísta también mostró su total desacuerdo con el artículo que señala el control sobre la publicidad o programas que induzcan a ciertas conductas negativas, porque suprime derechos a los ciudadanos. Observó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe la censura previa.
La fuerza crítica de Romo despertó el aplauso de varios directivos de medios de comunicación y gremios del sector que participaron en el debate como observadores. Todos hicieron sus apuntes.
La lectura crítica del texto también estuvo de lado de León Roldós (RED), para quien la propuesta discutida tiene como denominador común la idea del Estado como eje central de la comunicación cuando se habla de que promoverá, garantizará, impedirá y controlará. Esta serie de observaciones también es compartida por asambleístas de oposición, aunque existe en ellas otra intención política. En perspectiva, el informe de minoría presentado por Sergio Chacón (Sociedad Patriótica), que deja ver algunas coincidencias podría, abonar en favor de cambios importantes.
En este se anticipa que otro límite -sin duda importante en materia de libertad de expresión- es el orden público y, por ello, es menester mantener el texto del Art. 81 de la Constitución vigente, que prohíbe la publicidad que haga apología de la violencia, que induzca o promueva el racismo, el sexismo, la intolerancia política o religiosa, pero esto no compete controlar al Estado.
En su lugar plantea que sea el ciudadano quien debe tener mecanismos jurídicos a través del sistema judicial o de la Defensoría del Pueblo para limitar los abusos.
Con este aporte, la postura crítica no alcanzaría a fuerza de votos los cambios sugeridos. No obstante, la discusión de los contenidos que vayan a procesarse para segundo debate es una opción para presionar la elaboración de un texto consensuado.
La Mesa 1 de Derechos Fundamentales deberá elaborar un informe para segundo debate y posiblemente el tema sea discutido luego de 15 días, de acuerdo al plan de trabajo que lleva la Asamblea. (LB)
Regulación con límites
"Hay varias posibilidades de regulación desde el Estado. Hasta cierto punto debería haber una normativa desde el Estado como la que existe en los Estados Unidos. Pero debe ser una regulación con límites que permitan armonizar los medios desde una perspectiva democrática, caso contrario puede convertirse en censura. Otra posibilidad es la autocrítica de los medios. Esta instancia debe ser fortalecida para evitar eventualmente intromisiones desde el Estado".
Fernando Checa, director de laboratorios de medios de la UDLA.
Prensa libre es más sana
"Soy muy amiga de la libertad de prensa, la libertad de prensa es mucho más sana cuando la prensa es libre y no depende del Estado. Hay casos donde el Estado controla la prensa como la BBC de Londres o la Televisión Española.
Siempre debe haber prensa privada y de todo tipo, y que el Estado dé frecuencias dentro de una discusión pública que no dependa del poder económico, pero siempre y cuando la deje libre y no la empiece a manipular, que es la experiencia que se ha vivido en otros países".
María Teresa Ronderos, editora de la Revista Semana de Colombia.
Debe tener credibilidad
"Todo Estado y todo Gobierno tiene derecho a tener su prensa. Pero, como es cuestión de credibilidad, entonces compitamos para saber a quién le cree la ciudadanía.
Puede haber el mejor periódico, radio o televisión del mundo, pero, si le falta credibilidad, no existe tal, porque el medio de comunicación se transforma en el mensaje que recibe la ciudadanía, que debe ser captada y, por lo tanto, debe tener credibilidad, aunque este dirigido a cualquier sector.
Jorge Vivanco es editorialista y el subdirector del rotativo Expreso.
El Estado no debe controlar a los medios, peor a los contenidos
Es verdad que ha habido irregularidades en el proceso de adjudicación de frecuencias; hay informes de Contraloría que no han sido implementados y, si existen anomalías, hay que rectificar, pero con estricto apego a la ley y proceder con todo el espectro de las frecuencias. Allí el Estado sí tiene potestad porque las frecuencias son del Estado. Incluso en el aspecto comunitario, si es que hay errores, hay que corregir".
Miguel Ribadeneira, director del noticiero Ecuadoradio.
Continuar>>
Hora GMT: 25/Mayo/2008 - 16:17
