Antes del 1º de julio de este año el Gobierno, con ayuda del BID, habrá "mejorado la base de datos del Bono Solidario a fin de focalizar mejor la ayuda en efectivo a los más pobres y eliminar el subsidio del gas doméstico". Así aparece textualmente el compromiso de las autoridades en el punto 10 del memorando de política económica entregado al Fondo Monetario Internacional.
Lo anterior es parte de los compromisos que incluyen: fortalecer el sistema de seguridad social (IESS, Issfa, Ispol); estabilizar el gasto primario del sector público no financiero en el 21,7% del PIB; el congelamiento de salarios del sector público; disminución de determinadas remuneraciones como las del presidente de la República y otros funcionarios de libre remoción; reforma de la administración aduanera para que dependa del SRI; unificación salarial del sector público y reforma de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; suspensión de los préstamos quirografarios del IESS; una reforma tributaria integral; liquidación de Filanbanco y los bancos cerrados en manos de la AGD; privatización del Banco del Pacífico; administración internacional de Pacifictel, Andinatel y de las empresas de distribución eléctrica; un plan de acción y cronograma para aumentar la eficiencia de la producción; distribución y venta del petróleo y sus derivados y la divulgación de datos y transparencia del sector público para que la ciudadanía tenga acceso permanente a datos sobre ingresos y gastos en el Ministerio de Economía, el Banco Central, la situación financiera de Petroecuador, TAME y todas las empresas del Fondo de Solidaridad.
Está bien que el Gobierno se haya autoimpuesto medidas concretas y con plazos fijos para reordenar la economía y hacer factible que el Ecuador mejore su competitividad y atraiga la inversión privada nacional y extranjera. Cabe preguntarse si a los más altos niveles del Ejecutivo hay conciencia de la importancia de los compromisos, de las dificultades de su cumplimiento y de la palabra empeñada. No se trata de firmar un documento para salir del paso, a sabiendas de que en el camino se arreglarán las cargas. De 12 Cartas de Intención que el Ecuador ha suscrito con el FMI, apenas ha cumplido 2. Las 10 restantes han sido promesas electorales formadas sin intención de cumplirlas. Y eso ha hecho mucho daño al país, por la fama de badulaque.
Ahora bien, la tarea de las autoridades es enorme y requiere un frente interno consolidado, una gran robustez moral del presidente de la República y una comprensión por parte de los diputados, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Resultan bizantinas las discusiones sobre la conveniencia de los términos del compromiso con el FMI. Probablemente la negociación no fue la más hábil ni se utilizaron todos los recursos a los que se pudo haber recurrido. Pero siempre es más fácil la crítica a toro pasado. Toca revestirse de seriedad y cumplir las obligaciones adquiridas. Este es el primer paso en la creación del nuevo Ecuador en el que han comprometido su honor los grupos políticos y sociales que sustentan al Gobierno de Gutiérrez.
Hora GMT: 03/Marzo/2003 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Francisco Rosales Ramos
