Opinión de Diario HOY
La Constitución de Montecristi dispuso con vacíos e incoherencias un régimen de transición para que el país acoplara las anteriores instituciones a la nueva realidad jurídica. No obstante, la conformación de esa nueva institucionalidad aún se halla a medio camino. Más aún, funcionan algunas instituciones, con un origen de cuestionada legalidad, como la Corte Constitucional, que es el antiguo Tribunal Constitucional que se transformó por resolución de sus integrantes, y conveniencia del Gobierno, en la instancia suprema de control constitucional. Otros organismos esperan su integración definitiva y autoridades de control aguardan su designación de acuerdo con los procedimientos que señala la nueva Constitución.
La conformación de la nueva institucionalidad, su desarrollo y fortalecimiento son una necesidad básica para consolidar la vigencia de la nueva Constitución.
Una de las graves fallas de la democracia es el déficit institucional generado en buena medida por los intereses de cúpulas de los partidos, los movimientos o los líderes políticos que han manejado el poder y, sobre todo, por una cultura pública caracteriza por el débil imperio de la Ley.
En 2010, un reto básico para el país es conseguir que funcione la institucionalidad creada por la nueva Constitución. No puede perdurar sin término el régimen de transición.
Un paso clave para ello debe ser dado por la Asamblea Nacional. Con apresuramiento, se fijó un plazo para aprobar más de una decena de leyes, plazo que no se cumplió en octubre y se lo prolongó, violando la disposición constitucional para el 14 de febrero. ¿Se determinará otro plazo o terminarán las leyes aprobándose al apuro?
Sin embargo, el fortalecimiento institucional no depende solo de las nuevas leyes sino, sobre todo, del cambio de conducta política, empezando por sujeción recta al imperio de la Ley. Este es el problema mayor para crear y fortalecer la nueva institucionalidad.
Hora GMT: 02/Enero/2010 - 05:14
