Con los votos a favor de Fernando Cáceres, Omar Juez, Lídice Larrea, Marllely Vásconez, Christian Viteri y Silvia Salgado, todos de AP, la Comisión de Fiscalización de la asamblea Nacional decidió archivar hoy el pedido de juicio político en contra del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, planteado por el parlamentario Cléver Jiménez.
La Comisión, presidida por la legisladora Silvia Salgado, actuó sobre la base de la moción presentada por la asambleísta Marllely Vásconez de AP, mientras que previamente, Galo Lara de Sociedad Patriótica mocionó que la Comisión califique el correspondiente juicio, que recibió el voto favorable de Juan Aldaz, alterno de Tomás Zevallos; Alfredo Ortiz, y del proponente.
La Asamblea Nacional informó que en la sesión se registraron las ausencias de Luis Morales (PRIAN) y Abdalá Bucaram Pulley (PRE).
El Pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) notificó el 12 de julio a la Comisión de Fiscalización y Control Político el requerimiento de interpelación al ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.
A partir de esa fecha, la Comisión tuvo plazo de cinco días laborales a partir para que cite a sus integrantes y que estos avoquen conocimiento del pedido de la demanda en contra del ministro.
Kléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik (PK), anunció el enjuiciamiento político a Pástor por la suscripción del contrato con la empresa Ecuacorriente para la explotación del proyecto minero Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe.
Jiménez, en representación de la bancada de izquierda, manifestó que una de las razones para pedir el juicio político contra Pástor es que desobedeció lo dispuesto por la Contraloría General del Estado, quien emitió un informe provisional con 17 observaciones en el que se establece que la concesión minera del proyecto Mirador.
"Según el artículo 27 de la Ley de Minería la exploración minera consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración incluye la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su explotación", dijo Jiménez en declaracipones reproducidas por la página web del Legislativo.
Asimismo, Jiménez, en otra de las razones, recordó que en el año 2009 el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, expidió el decreto ejecutivo 1793, que establece que el Estado no puede iniciar ningún tipo de contratos con empresas cuyos accionistas tengan sus domicilios en paraísos fiscales y que el Servicio de Rentas Internas determinó cuales son los paraísos fiscales, entre ellos las islas Gran Caimán.
"La información remitida por la Superintendencia de Compañías se advierte que los accionistas de Ecuacorrientes se encuentran domiciliados en las islas Gran Caimán", dijo.
Mientras tanto, durante la reunión de hoy, Jiménez reiteró que el Ministro Pástor ha incurrido en claras violaciones de los artículos 315 y 408 de la Constitución y otras leyes, respecto de la renegociación de contratos petroleros.
"De su parte, los vocales de la comisión, que pertenecen a AP, coincidieron en destacar que el gobierno de la revolución ciudadana recuperó su soberanía en el manejo de la riqueza petrolera y el Ministro Pástor logró incrementar de 482 a 507 mil barriles diarios la producción del crudo, lo que ha significado una utilidad de 2 millones diarios de dólares para el Estado, dineros que han ido a la ejecución de obras viales, salud, educación, vivienda y modernización de la infraestructura en el sector hidrocarburífero", detalló el Legislativo.
Ciudad Quito
