La Asamblea Constituyente aprobó ayer el mandato que elimina la tercerización, la intermediación laboral, el trabajo por horas y permite la revisión de los excesos en la contratación colectiva del sector público.
Asambleístas de Acuerdo País, MPD, Pachakutik y RED votaron a favor del mandato y a ellos se sumaron los votos de los independientes Rafael Estévez, Marcelo Villalba, Fernando Burbano (ex ID) y Ximena Bohórquez; además de Hólger Chávez y Manuel Mendoza de Sociedad Patriótica.
Previamente hubo el acuerdo para que se revisen en el plazo de un año todos los excesos de los contratos colectivos de ciertas entidades estatales.
Con el acuerdo se saldó la última discrepancia interna respecto a la absorción del sector estatal de unos 15 mil trabajadores intermediados que deberá ser amparados por la contratación colectiva cuando el mandato entre en vigencia. El frenar los excesos es una medida compensatoria.
En la segunda transitoria se establece que las cláusulas de los contratos colectivos del sector público (incluidas las entidades de derecho privado) serán ajustadas de forma automática a las disposiciones del Ministerio de Trabajo.
El proceso de revisión establecerá restricciones a todas las cláusulas en las que se consagran excesos y privilegios: transferencia de cargos a familiares, horas complementarias no trabajadas y cobradas por dirigentes, pago de vacaciones y otros reconocimientos, entrega gratuita de productos y servicios, etc.
Para el efecto, se da un año al Ejecutivo para que unifique criterios y normas de los contratos colectivos de todas las instituciones del sector público. Todos esos procedimientos serán reglamentados en 60 días.
Antes de la sesión, un grupo de petroleros y eléctricos llegó a Montecristi. Se notó el descontento sobre la revisión de los contratos colectivos. Incluso hubo amenazas de salir a las calles.
Pero el criterio de la mayoría de AP, salvo de un pequeño sector vinculado al sindicalismo dorado, y los aliados del MPD, ID, PK y otros independientes, era el de poner fin a todos los sistemas de precarización en las relaciones de trabajo. El mandato tuvo un ajuste en la remuneración de los maestros privados.
La norma fija, además, la jornada parcial con pago proporcional a la remuneración básica mínima unificada. Eso con el fin de promover el trabajo en el país.
Todos los contratos de intermediación vigentes concluirán por el mandato sin derecho a reclamo por las empresas intermediadas, mientras que los trabajadores deberán ser asumidos de manera directa por las empresas usuarias y se les garantizará un año de estabilidad. Los trabajadores que hayan sido despedidos a partir del 1.º de marzo deberán ser reincorporados por el mandato. El incumplimiento será sancionado con una multa de hasta 20 salarios unificados. Se permitirá que las actividades de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, sean contratadas. (LB)
En los pasillos...
Galo Lara (SP) entregó ayer un análisis donde señala 55 razones jurídicas por las cuales la Asamblea no está en capacidad de aprobar mandatos y leyes. En su presentación dijo que no son más que disfraces de presuntas leyes que no tienen naturaleza jurídica ni base legal que los justifique o que les faculte mandar, prohibir o permitir (...). Por eso, incluye una resolución que deja sin efecto los mandatos y leyes aprobadas desde noviembre. La propuesta la tiene el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta.
La Mesa de Legislación remitió a la Presidencia de la Asamblea la solicitud del asambleísta Galo Lara (SP), para que se inicie el proceso de fiscalización al gobernador del Guayas, Camilo Samán, por las denuncias que señalan que el funcionario recibe ingresos de diferentes dependencias. También se pide información sobre viáticos, dietas, sueldos y otros ingresos de la Gobernación, Pacifictel y la Comisión de Tránsito del Guayas.
El ex vocal del Tribunal Constitucional, Miguel Cam
Hora GMT: 01/Mayo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
