La polémica por la colegiatura obligatoria no es nueva, pese a que se puso al día tras conocerse la demanda de inconstitucionalidad del presidente Rafael Correa, presentada al Tribunal Constitucional (TC) el 13 de diciembre de 2007.
El año pasado, el TC desechó una demanda contra normas relativas a la afiliación obligatoria de las empresas a todas las cámaras de la producción que tuvo el auspicio de varios ciudadanos; entre ellos, el jurista Antonio Rodríguez Vicens.
La demanda fue negada por el ex TC antes de abril, por no haber una legitimación activa; es decir, no estuvo respaldada formalmente por muchas personas que firmaron.
A mediados de año, el entonces diputado Diego Ordóñez (UDC) presentó una reforma que apuntaba a eliminar la obligatoriedad de filiación establecida en decretos, leyes y otras normas vigentes. El tema solo llegó a un informe cuando vino el receso legislativo.
Ordóñez y Rodríguez, al ser consultados, coinciden en que sus propuestas se impulsaron en la convicción de que la filiación obligatoria violenta las libertades de las personas para asociarse y emprender en la empresa.
La visión que tiene Blasco Peñaherrera Solah, de la Cámara de Comercio de Quito, es distinta.
Dice que en la demanda de Correa y las iniciativas anteriores solo muestran una confluencia entre grupos monopólicos privados y el Estado monopólico. Aseguró que su gremio no se verá afectado, porque la mayoría de socios es voluntaria, debido a los servicios que presta la Cámara.
Patricio Donoso, líder del Consejo de Cámaras de la Producción, evitó comentar sobre la demanda presidencial. Solo adelantó que se realizan consultas antes de emitir algún tipo de pronunciamiento.
Por su parte, en declaraciones a la prensa, el ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales Ernesto López puntualizó que no puede ser que le pida al Tribunal Constitucional que el Ejecutivo regule los gremios; solo la Ley puede regular. (LB/JFE)
Medina: "Este hecho tiene dos caras"
Gustavo Medina, ex procurador general de la Nación, dijo que "el Gobierno Nacional no puede señalar a quién agremiar o a quién no".
"Este hecho tiene dos caras, por una parte el cumplimiento estricto de la libertad de asociación, pero por otra parte entraña un debilitamiento de los gremios", indicó.
Por su parte, voceros de la Secretaría Jurídica de la Presidencia descartaron que la intención del Gobierno sea controlar a los cuerpos colegiados y agremiaciones.
Se manifestó que la demanda en cuestión se refiere a que el Ejecutivo deje sin efecto los decretos que se hayan emitido anteriormente con respecto a la exigencia de agremiarse. (JFE)
Hora GMT: 24/Enero/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
